EJERCITAMOS NUESTROS DERECHOS

LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PASADO 17 DE ABRIL PARA ESCUCHAR LAS OPINIONES Y SUGERENCIAS DE VECINOS Y ORGANIZACIONES SOBRE EL PLIEGO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA DE CÓRDOBA ES UN EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SE EXTENDIÓ DURANTE DOS DÍAS, HUBO 71 EXPOSITORES Y 400 PERSONAS OBSERVARON LA ACTIVIDAD.

El sistema de audiencias públicas fue creado para garantizar la participación de la ciudadanía frente a las decisiones trascendentes del Estado local, que a su vez tienen un impacto decisivo en la vida de los habitantes de una ciudad. La Carta Orgánica de Córdoba plantea estos mecanismos de participación semi directa para una serie de situaciones de manera obligatoria, entre ellas para la aprobación de pliegos de licitación de servicios públicos, como ocurre en este caso con el del de higiene urbana.

Aquí, en esta gestión, nos hemos comprometido a desarrollar al máximo estos mecanismos porque estamos convencidos que la participación de los habitantes de la ciudad en los asuntos públicos fortalece la democracia, legitimándola y dotándola de una vitalidad que le garantiza sustentabilidad.

Con las audiencias públicas, los concejales y funcionarios del gobierno local tienen la oportunidad de escuchar al pueblo expresarse sobre cuestiones que hacen a la vida del conjunto.

Se trata de aire fresco para las instituciones, porque abre instancia de debate y construcción de consensos que de otra manera son imposibles. En esencia, porque establece rutas de comunicación multidireccionales, rompiendo el esquema de legitimación de las acciones estatales con carácter unidireccional que han predominado en la historia de nuestras democracias.

El tratamiento del pliego de licitación del servicio de higiene urbana de la ciudad de Córdoba en el Concejo Deliberante es un ejemplo de cómo, entre todos, se puede buscar solución a problemas comunes.

La audiencia pública del pasado jueves 17 y viernes 18 no fue el primer paso de la participación ciudadana. La comisión especial del Concejo Deliberante que trató este tema escuchó a una treintena de organizaciones sociales, gremiales y académicas y a vecinos y vecinas e incluyó muchos de sus planteos al pliego.

Por ejemplo, la instalación de las sub-bases pedidas por el gremio de los recolectores para mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados; el tipo y cantidad de centros verdes –sitios en los que se procesan los residuos secos u inorgánicos como botellas, plásticos o cartones- impulsados por los carreros y cartoneros de la ciudad; o la eliminación del horno pirolítico para incinerar residuos patógenos de Bouwer a más tardar en 2010, una solicitud que realizó FUNAM, una ONG ambientalista de nuestra ciudad.

Durante la audiencia del jueves, más vecinos y organizaciones dispusieron de la posibilidad de ejercer sus derechos, de expresarse y ser escuchados. De poner en escena sus demandas.

Para este gobierno, el pliego de higiene urbana es un desafío porque ubica a Córdoba, nuestra ciudad, en el lugar de poner en practica un plan inédito por sus alcances en Argentina. Sobre todo, por cuatro ejes: a) la cantidad de servicios de recolección y limpieza; b) la separación en origen de residuos secos y húmedos para facilitar su procesamiento en los centros verdes, una acción que en cuatro años alcanzará a dos tercios de las cuadras de la ciudad; c) la consecuente reducción, en aproximadamente un 30%, de la cantidad de residuos secos que se enterrarán en el predio de Bouwer; d) el proceso de inclusión social que generarán los centros verdes, escombreras y plantas de selección al incorporar a trabajar allí los trabajadores informales del sector.

Nunca antes, en ninguna ciudad de nuestro país, nadie se planteó bajar la cantidad de residuos enterrados en la magnitud de lo que ocurrirá en Córdoba entre 2009 y 2013. La menor cantidad de toneladas de residuos dispuestos en estos rellenos –aproximadamente 20 mil toneladas de escombros y 9 mil toneladas de residuos secos, un 50% del total actual- disminuye los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. Esta preocupación por mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de todos es uno de los objetivos más importantes de este trabajo.

Para esta tarea, el Estado dispondrá de un 3% del monto mensual del pliego para destinarlo a publicidad y campañas educativas que promuevan la separación en cada casa de los residuos. Esto es, que cada vecino y vecina tendrá la oportunidad de ser parte cada día en la mejora del ambiente de la ciudad en la que vivimos y desarrollamos nuestras historias personales.

Creemos que participar es un acto conciente, capaz de modificar algo o mucho de los que nos rodea y afecta. Nuestra mirada apunta en ese sentido.

Por eso es que también integramos un eje de inclusión social, desde el lugar de la responsabilidad que tenemos desde el Estado para alterar las bases que dieron sustento a la sociedad dual e injusta en la que vivimos, pero sobre todo, convencidos que la recolección informal de residuos secos es un fruto de la propia economía de mercado y del consumo. Desde nuestros hijos pequeños, hasta el más viejo de los cordobeses produce residuos, en definitiva, un producto igual a muchos otros que tiene un valor económico. Desde esa óptica, los trabajadores informales no son sólo un fruto de la pobreza de la crisis de 2001/2002, sino participes de una actividad económica en la que están precarizados, y en la que es necesario formalizarlos.

Queremos vivir mejor, que todos podamos hacerlo, y ejercer nuestros derechos. Depende de cada uno.

Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba.

LAS RETENCIONES DEBEN SER REDISTRIBUIDAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y CON JUSTICIA SOCIAL

El viceintendente de Córdoba, Carlos Vicente, apoyó "la implementación de las retenciones por parte del gobierno nacional, pero exigió la redistribución con sentido federal y participativo de estos recursos excepcionales para potenciar el desarrollo sustentable del país y favorecer la inclusión y la justicia social".

Agregó que "es prioritario instrumentar un diálogo sostenido y constructivo entre todos los actores, que permita contener las diferentes posiciones, visiones e intereses sobre el país que queremos y deseamos, y sobre las necesidades de los pueblos de las provincias de la Región Centro y el conjunto de sus productores".

Vicente apuntó que "las retenciones son un mecanismo de redistribución social, que implica aprovechar la renta diferencial producida por el crecimiento de los precios internacionales y la intervención estatal que garantiza un tipo de cambio favorable. En ese sentido, creo necesario, entre otras medidas, que el producto de esta herramienta económica favorezca también:

1) La puesta en marcha de un sistema de redistribución federal de estos recursos –como la construcción de infraestructura caminera, ferroviaria y eléctrica en las provincias-;

2) El aliento a políticas sectoriales para los sectores lácteos y ganaderos, entre otros, con el objetivo de incrementar la producción, generar más empleo y valor, y desarrollar la cadena agroalimentaria;

3) La implementación de políticas segmentadas que diferencien a los pequeños y medianos productores de los grandes, a través de subsidios y apoyo crediticio;

4) La diversificación de la producción agropecuaria para alterar las bases del modelo concentrado que tiene su eje en la producción sojera;

5) La redistribución del ingreso, favoreciendo la inclusión y la justicia social".