martes, 18 de noviembre de 2008
VICENTE REPUDIA LA DETENCIÓN DE JÓVENES DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL CONTRA FESTEJO DEL 12 DE OCTUBRE
El Viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente, manifestó su más enérgico repudio por los hechos de público conocimiento, acontecidos el sábado 11 de octubre del corriente año en la Plaza de la Intendencia de nuestra ciudad, siendo aproximadamente las 23:50 horas. Allí fueron detenidos cuatro jóvenes que participaban de las actividades del contra festejo del 12 de octubre.
Vicente reclama al gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, que sea consecuente con las políticas de Derechos Humanos, y de no discriminación que su gobierno dice respetar.
En ese sentido, Vicente demandó a Schiaretti que ordene al Jefe de Policía, que se inicien de manera inmediata y urgente, las investigaciones pertinentes ante la posible comisión de -cuanto menos- el delito de abuso de autoridad por parte de los efectivos a su cargo. En esos episodios, resultaron victimas –entre otros- tres jóvenes aborígenes, dos Tobas y un Wichi, que venían desde las provincias de Chaco y Formosa para participar como artistas y representantes de sus etnias, en el encuentro y contra festejo del día 12 de octubre, organizado por el Instituto de Cultura Aborigen (ICA) y otras organizaciones, entre ellas, el Consejo Ejecutivo de la Comisión por la Diversidad.
Además, Vicente dio instrucciones para que estos hechos sean puestos en conocimiento del INADI, a los fines de la participación del mencionado organismo, en las acciones que correspondan.
Asimismo desde la Comisión por la Diversidad, dependiente de este Concejo Deliberante se invitó a la marcha que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 18:00 hs., desde Av. Colon y Enfermera Clermont hasta la sede de la Central de la Policía de la Provincia, pidiendo el esclarecimiento de estos acontecimientos.
Vicente reclama al gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, que sea consecuente con las políticas de Derechos Humanos, y de no discriminación que su gobierno dice respetar.
En ese sentido, Vicente demandó a Schiaretti que ordene al Jefe de Policía, que se inicien de manera inmediata y urgente, las investigaciones pertinentes ante la posible comisión de -cuanto menos- el delito de abuso de autoridad por parte de los efectivos a su cargo. En esos episodios, resultaron victimas –entre otros- tres jóvenes aborígenes, dos Tobas y un Wichi, que venían desde las provincias de Chaco y Formosa para participar como artistas y representantes de sus etnias, en el encuentro y contra festejo del día 12 de octubre, organizado por el Instituto de Cultura Aborigen (ICA) y otras organizaciones, entre ellas, el Consejo Ejecutivo de la Comisión por la Diversidad.
Además, Vicente dio instrucciones para que estos hechos sean puestos en conocimiento del INADI, a los fines de la participación del mencionado organismo, en las acciones que correspondan.
Asimismo desde la Comisión por la Diversidad, dependiente de este Concejo Deliberante se invitó a la marcha que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 18:00 hs., desde Av. Colon y Enfermera Clermont hasta la sede de la Central de la Policía de la Provincia, pidiendo el esclarecimiento de estos acontecimientos.
“SI LA REFORMA POLÍTICA SE HUBIERA HECHO ANTES, SCHIARETTI NO SERÍA GOBERNADOR”
El viceintendente de Córdoba, Carlos Vicente, dice que la reforma política es una obligación para dejar atrás la tragedia del fraude del 2 de septiembre de 2007 y garantizar los derechos de los cordobeses.
Se rasca la barba y mira fijo antes de hablar. “La reforma política es necesaria, pero el sistema político es perezoso para alterar las reglas que norman su funcionamiento. El problema es que si no lo hacemos, la crisis de representación y la baja confianza social en los gobernantes, seguirá cotizando alto. Los países que funcionan, que son más justos, tienen esquemas de participación, transparencia y control ciudadano que nosotros aún nos debemos. La reforma política debe ir ahí; al hueso de nuestros dramas”. Carlos Vicente, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, habla convencido desde uno de los laterales de la mesa de reuniones de su despacho en el Concejo Deliberante. Lo hizo durante una hora, entre mate y mate. Después, partió a la manifestación de apoyo del Frente Cívico a los trabajadores estatales. El que sigue es el tramo sustancial de la entrevista que concedió a La Esquina.
-La reforma política no es un tema que figure en la agenda inmediata de la sociedad, ¿por qué el sistema político lo sube a los lugares de privilegio?
-Habría que diferenciar agenda pública de agenda política. El sistema de medios no sube la arquitectura del sistema político a un lugar importante, lo hace espasmódicamente. Después, la manera en que se conforman y funcionan las instituciones no es una preocupación de la sociedad que, en general, está jaqueada por los problemas cotidianos como la falta de buen empleo, la inflación, la inseguridad, los colectivos que no funcionan del todo bien… Lo cierto es que la reforma política incide sobre estas situaciones cotidianas. Además, que el sistema político se interese por la reforma política es bueno, porque implica la voluntad de alterar normas que ayudan a no solucionar los problemas cotidianos. Es, quizá, un signo de madurez porque hay una apuesta seria por mejorar la institucionalidad. Además, no nos olvidemos que en Córdoba hubo fraude el 2 de septiembre de 2007, y es una obligación remover las causas de esta tragedia política para la provincia. La democracia necesita de la legitimidad, porque de lo contrario las instituciones y los derechos del pueblo se degradan; las conquistas se pierden. Vivimos peor.
-¿La reforma es sólo electoral o también debe abarcar otros campos?-La reforma política debe alcanzar al sistema electoral, al funcionamiento de los partidos políticos, a los institutos de democracia semidirecta y de participación, y al funcionamiento institucional. Debemos trabajar seriamente en garantizar los derechos de los cordobeses, ése es el desafío.
-¿Semejante cantidad de cambios debe quedar sólo en manos de la estructura política?-Sin partidos políticos no hay sistema democrático, en consecuencia, no existe duda sobre la necesidad de su participación. Pero en la ciudad no podemos repetir la experiencia condicionada que se dio en la provincia, reducida a “notables”. En realidad, en la provincia se requiere una reforma constitucional que efectivice los cambios que demanda la sociedad y la sustentabilidad del sistema político. En ese sentido, por ejemplo, es clave trabajar y alterar la cláusula que garantiza mayoría legislativa al que gobierna y para eso se requiere modificar la Constitución. Se requiere consultar y escuchar a todos los que tengan representación social, política e institucional y eso es lo que trataremos de instrumentar en el Concejo Deliberante al abordar esta cuestión. Para ello vamos a estructurar una comisión especial integrada por los concejales de todas las fuerzas con representación en el cuerpo y el Departamento Ejecutivo y durante 180 días discutiremos con todos los que tengan algo para decir sobre este tema y en base a una agenda preestablecida, luego serán los concejales los que deberán determinar la magnitud de las transformaciones.
-¿En qué modificaría la vida de la gente la reforma política?-Por ejemplo, si el sistema electoral hubiera sido diferente, Juan Schiaretti, no sería gobernador porque el fraude hubiera sido una ficción y Luis Juez no hubiera ajustado el sistema jubilatorio estatal, con el que se perjudica a nuestros jubilados. Deberían ser más prácticos los instrumentos de participación o democracia semidirecta y, por ejemplo, deberíamos crear la banca del ciudadano, permitiendo a los vecinos señalar sus problemas y plantear sus iniciativas en el Concejo Deliberante. Tendría que promover el desarrollo de políticas de Estado a partir de eliminar la famosa cláusula de gobernabilidad –requiere modificar la Constitución Provincial-. Nos obligaría a construir consensos y eso debería permitir el desarrollo de políticas y medidas de mediano y largo plazo. Acabaría aquello de que el nuevo gobernante siempre funda una ciudad o una provincia nueva y el viejo es un desastre que hizo todo mal. Gobernar no sería posible sin acuerdos y ya nadie podría decir que “yo no tuve nada que ver”. Es a todo esto que llamo una nueva arquitectura institucional.
-¿Es posible hacerla o quedará como tantas buenas intenciones, en la nada?-No sólo es posible, debemos hacerla. El 2 de septiembre es una bisagra en nuestra historia y atrás van a quedar los que privilegiaron sus intereses por sobre los de todos. Porque no habrá cambios genuinos sin dejar atrás el neoliberalismo, esto es, las políticas de exclusión social y económica, de sumisión, de vulneración de derechos. La reforma política es eso, que haya más derechos y que los cordobeses demanden su cumplimiento.
Consensos, diálogo y participación
Los ejes políticos sobre los que Vicente quiere conducir la Reforma Política Municipal son los siguientes:
- La generación del más amplio consenso político-social.
- El fortalecimiento de las instituciones del Gobierno Municipal, que sean canales naturales para el dialogo político, la construcción de consensos y la participación ciudadana.
- La elaboración de una propuesta de reforma, que incluya tanto el carácter de las iniciativas como así el señalamiento de los mecanismos legales adecuados para llevar adelante este proceso.
La agenda- Boleta única o voto electrónico.
- Prohibición de sumatorias.
- Separar las elecciones municipales de las provinciales y nacionales.
- Establecer una fecha fija e inamovible para la convocatoria a los actos electorales locales.
- Reglamentar el Artículo 141 de la Carta Orgánica Municipal, referido a la publicidad del origen y el destino de los fondos y las plataformas electorales de los partidos políticos que actúen en el ámbito municipal.
- Revisar la organización de la Junta Electoral Municipal, para dotarla de mecanismos que le permitan el control del acto electoral de modo ordenado, eficaz y transparente.
- Reexaminar la reglamentación de los institutos de democracia semi-directa y de participación ciudadana. (Por ejemplo, Banca del Ciudadano)
- Crear institutos que garanticen la defensa de los derechos e intereses de los vecinos (Defensor de la Ciudad y Veedurías Ciudadanas).
- Modificar -en caso de que se reforme la Constitución Provincial- la cláusula de gobernabilidad, impulsando la revisión del sistema de distribución de bancas en el Concejo Deliberante, a fin de permitir una adecuada representación de mayoría y minorías.
Entrevista publicada en la revista digital La Esquina – Edición de Septiembre.
Se rasca la barba y mira fijo antes de hablar. “La reforma política es necesaria, pero el sistema político es perezoso para alterar las reglas que norman su funcionamiento. El problema es que si no lo hacemos, la crisis de representación y la baja confianza social en los gobernantes, seguirá cotizando alto. Los países que funcionan, que son más justos, tienen esquemas de participación, transparencia y control ciudadano que nosotros aún nos debemos. La reforma política debe ir ahí; al hueso de nuestros dramas”. Carlos Vicente, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, habla convencido desde uno de los laterales de la mesa de reuniones de su despacho en el Concejo Deliberante. Lo hizo durante una hora, entre mate y mate. Después, partió a la manifestación de apoyo del Frente Cívico a los trabajadores estatales. El que sigue es el tramo sustancial de la entrevista que concedió a La Esquina.
-La reforma política no es un tema que figure en la agenda inmediata de la sociedad, ¿por qué el sistema político lo sube a los lugares de privilegio?
-Habría que diferenciar agenda pública de agenda política. El sistema de medios no sube la arquitectura del sistema político a un lugar importante, lo hace espasmódicamente. Después, la manera en que se conforman y funcionan las instituciones no es una preocupación de la sociedad que, en general, está jaqueada por los problemas cotidianos como la falta de buen empleo, la inflación, la inseguridad, los colectivos que no funcionan del todo bien… Lo cierto es que la reforma política incide sobre estas situaciones cotidianas. Además, que el sistema político se interese por la reforma política es bueno, porque implica la voluntad de alterar normas que ayudan a no solucionar los problemas cotidianos. Es, quizá, un signo de madurez porque hay una apuesta seria por mejorar la institucionalidad. Además, no nos olvidemos que en Córdoba hubo fraude el 2 de septiembre de 2007, y es una obligación remover las causas de esta tragedia política para la provincia. La democracia necesita de la legitimidad, porque de lo contrario las instituciones y los derechos del pueblo se degradan; las conquistas se pierden. Vivimos peor.
-¿La reforma es sólo electoral o también debe abarcar otros campos?-La reforma política debe alcanzar al sistema electoral, al funcionamiento de los partidos políticos, a los institutos de democracia semidirecta y de participación, y al funcionamiento institucional. Debemos trabajar seriamente en garantizar los derechos de los cordobeses, ése es el desafío.
-¿Semejante cantidad de cambios debe quedar sólo en manos de la estructura política?-Sin partidos políticos no hay sistema democrático, en consecuencia, no existe duda sobre la necesidad de su participación. Pero en la ciudad no podemos repetir la experiencia condicionada que se dio en la provincia, reducida a “notables”. En realidad, en la provincia se requiere una reforma constitucional que efectivice los cambios que demanda la sociedad y la sustentabilidad del sistema político. En ese sentido, por ejemplo, es clave trabajar y alterar la cláusula que garantiza mayoría legislativa al que gobierna y para eso se requiere modificar la Constitución. Se requiere consultar y escuchar a todos los que tengan representación social, política e institucional y eso es lo que trataremos de instrumentar en el Concejo Deliberante al abordar esta cuestión. Para ello vamos a estructurar una comisión especial integrada por los concejales de todas las fuerzas con representación en el cuerpo y el Departamento Ejecutivo y durante 180 días discutiremos con todos los que tengan algo para decir sobre este tema y en base a una agenda preestablecida, luego serán los concejales los que deberán determinar la magnitud de las transformaciones.
-¿En qué modificaría la vida de la gente la reforma política?-Por ejemplo, si el sistema electoral hubiera sido diferente, Juan Schiaretti, no sería gobernador porque el fraude hubiera sido una ficción y Luis Juez no hubiera ajustado el sistema jubilatorio estatal, con el que se perjudica a nuestros jubilados. Deberían ser más prácticos los instrumentos de participación o democracia semidirecta y, por ejemplo, deberíamos crear la banca del ciudadano, permitiendo a los vecinos señalar sus problemas y plantear sus iniciativas en el Concejo Deliberante. Tendría que promover el desarrollo de políticas de Estado a partir de eliminar la famosa cláusula de gobernabilidad –requiere modificar la Constitución Provincial-. Nos obligaría a construir consensos y eso debería permitir el desarrollo de políticas y medidas de mediano y largo plazo. Acabaría aquello de que el nuevo gobernante siempre funda una ciudad o una provincia nueva y el viejo es un desastre que hizo todo mal. Gobernar no sería posible sin acuerdos y ya nadie podría decir que “yo no tuve nada que ver”. Es a todo esto que llamo una nueva arquitectura institucional.
-¿Es posible hacerla o quedará como tantas buenas intenciones, en la nada?-No sólo es posible, debemos hacerla. El 2 de septiembre es una bisagra en nuestra historia y atrás van a quedar los que privilegiaron sus intereses por sobre los de todos. Porque no habrá cambios genuinos sin dejar atrás el neoliberalismo, esto es, las políticas de exclusión social y económica, de sumisión, de vulneración de derechos. La reforma política es eso, que haya más derechos y que los cordobeses demanden su cumplimiento.
Consensos, diálogo y participación
Los ejes políticos sobre los que Vicente quiere conducir la Reforma Política Municipal son los siguientes:
- La generación del más amplio consenso político-social.
- El fortalecimiento de las instituciones del Gobierno Municipal, que sean canales naturales para el dialogo político, la construcción de consensos y la participación ciudadana.
- La elaboración de una propuesta de reforma, que incluya tanto el carácter de las iniciativas como así el señalamiento de los mecanismos legales adecuados para llevar adelante este proceso.
La agenda- Boleta única o voto electrónico.
- Prohibición de sumatorias.
- Separar las elecciones municipales de las provinciales y nacionales.
- Establecer una fecha fija e inamovible para la convocatoria a los actos electorales locales.
- Reglamentar el Artículo 141 de la Carta Orgánica Municipal, referido a la publicidad del origen y el destino de los fondos y las plataformas electorales de los partidos políticos que actúen en el ámbito municipal.
- Revisar la organización de la Junta Electoral Municipal, para dotarla de mecanismos que le permitan el control del acto electoral de modo ordenado, eficaz y transparente.
- Reexaminar la reglamentación de los institutos de democracia semi-directa y de participación ciudadana. (Por ejemplo, Banca del Ciudadano)
- Crear institutos que garanticen la defensa de los derechos e intereses de los vecinos (Defensor de la Ciudad y Veedurías Ciudadanas).
- Modificar -en caso de que se reforme la Constitución Provincial- la cláusula de gobernabilidad, impulsando la revisión del sistema de distribución de bancas en el Concejo Deliberante, a fin de permitir una adecuada representación de mayoría y minorías.
Entrevista publicada en la revista digital La Esquina – Edición de Septiembre.
VICENTE CON BINNER Y TONUCCI
El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente (Frente Cívico), participó junto al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner (Frente Progresista), y el pedagogo italiano Francesco Tonucci, del lanzamiento de la Red Latinoamericana del proyecto Ciudad de los Niños.
La actividad se desarrolló el 18 de septiembre, en el Centro Cultural Casa España de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la capital santafesina.
Vicente felicitó a Binner por la decisión del gobierno de Santa Fe de asumir el desafío de ser la primera provincia en construir políticas públicas para la infancia en todo su territorio. Ambos funcionarios conversaron sobre este asunto y sobre la necesidad de llevar adelante políticas que protejan los derechos de la infancia.
Tonucci estará en Córdoba el próximo 29 de septiembre, en una disertación que se realizará en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y que cuenta con la organización de la Secretaría de Extensión de la UNC, la Fundación Arcor y la Viceintendencia de Córdoba.
Septiembre de 2008.
La actividad se desarrolló el 18 de septiembre, en el Centro Cultural Casa España de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la capital santafesina.
Vicente felicitó a Binner por la decisión del gobierno de Santa Fe de asumir el desafío de ser la primera provincia en construir políticas públicas para la infancia en todo su territorio. Ambos funcionarios conversaron sobre este asunto y sobre la necesidad de llevar adelante políticas que protejan los derechos de la infancia.
Tonucci estará en Córdoba el próximo 29 de septiembre, en una disertación que se realizará en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y que cuenta con la organización de la Secretaría de Extensión de la UNC, la Fundación Arcor y la Viceintendencia de Córdoba.
Septiembre de 2008.
“DEBEMOS PONER A CÓRDOBA EN EL LUGAR DE LAS MEJORES CIUDADES DEL PLANETA”
LA DEFINICIÓN CORRESPONDE AL VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD, CARLOS VICENTE. LA REALIZÓ DESPUÉS DE ENTREVISTARSE CON LA BIÓLOGA E INVESTIGADORA DE LA UNC, SANDRA DÍAZ.
El viceintendente de la ciudad, Carlos Vicente, se reunió esta mañana con la bióloga Sandra Díaz, integrante del panel sobre cambio climático que obtuvo el premio Nóbel de la Paz junto al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y se comprometió a estudiar el proyecto Parque Madre Tierra que le acercó la especialista. Díaz se reunió luego con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante.
Tanto al viceintendente como a los concejales les explicó los alcances del proyecto Parque Madre Tierra que plantea en representación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Plenario de Centros Vecinales y ONGs ambientalistas y sociales de Córdoba para el predio del Ex Batallón 141.
Vicente aseguró apenas finalizó el encuentro que “debemos poner a Córdoba en el lugar de las mejores ciudades del Planeta en cuanto al esfuerzo por preservar los espacios verdes y públicos. La calidad de vida está emparentada con el libre acceso a espacios verdes, por eso la ciudad debe alcanzar la media recomendada por los organismos internacionales de 15 m2 de espacio verde por habitante; lo que implica casi duplicar los que contamos aquí que llegan a 8 m2/hab. Justamente ese promedio se duplicaría en el centro-sur de Córdoba”.
“Debemos trabajar –apuntó Vicente- pensando en nuestros hijos y nietos, en las décadas que vienen; en el futuro. Hay que imaginar que los cordobeses que vivan dentro de 50 años deben decir: ‘vamos al parque Madre Tierra como ahora dicen vamos al Parque Sarmiento’”.
Finalmente señaló que “la ciudad debe proyectarse pensando en hacer frente al cambio climático global y las políticas públicas que se desarrollen deben estar enmarcadas en el aporte que a nosotros nos corresponde en ese contexto”.
El viceintendente de la ciudad, Carlos Vicente, se reunió esta mañana con la bióloga Sandra Díaz, integrante del panel sobre cambio climático que obtuvo el premio Nóbel de la Paz junto al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y se comprometió a estudiar el proyecto Parque Madre Tierra que le acercó la especialista. Díaz se reunió luego con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante.
Tanto al viceintendente como a los concejales les explicó los alcances del proyecto Parque Madre Tierra que plantea en representación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Plenario de Centros Vecinales y ONGs ambientalistas y sociales de Córdoba para el predio del Ex Batallón 141.
Vicente aseguró apenas finalizó el encuentro que “debemos poner a Córdoba en el lugar de las mejores ciudades del Planeta en cuanto al esfuerzo por preservar los espacios verdes y públicos. La calidad de vida está emparentada con el libre acceso a espacios verdes, por eso la ciudad debe alcanzar la media recomendada por los organismos internacionales de 15 m2 de espacio verde por habitante; lo que implica casi duplicar los que contamos aquí que llegan a 8 m2/hab. Justamente ese promedio se duplicaría en el centro-sur de Córdoba”.
“Debemos trabajar –apuntó Vicente- pensando en nuestros hijos y nietos, en las décadas que vienen; en el futuro. Hay que imaginar que los cordobeses que vivan dentro de 50 años deben decir: ‘vamos al parque Madre Tierra como ahora dicen vamos al Parque Sarmiento’”.
Finalmente señaló que “la ciudad debe proyectarse pensando en hacer frente al cambio climático global y las políticas públicas que se desarrollen deben estar enmarcadas en el aporte que a nosotros nos corresponde en ese contexto”.
EL FRAUDE ES UN INSTRUMENTO PARA PRESERVAR PRIVILEGIOS
Carlos Vicente
Viceintendente de Córdoba
El fraude ejecutado por José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti el 2 de septiembre de 2007 fue un instrumento de sectores que quisieron preservar sus privilegios y continuar imponiendo políticas contrarias a los intereses de la gente. Su ejecución hundió al gobierno de Schiaretti en la ilegitimidad, y a sus políticas las impregna cada día de mayor ilegitimidad. Todo gobierno que en algún momento vulneró la voluntad popular gestionó para los grupos de poder concentrado y para privilegios sectoriales o personales y en perjuicio de la mayoría del pueblo. Y eso es lo que está sucediendo en Córdoba. La historia argentina recuerda –distintas situaciones y experiencias- como el golpe que derrocó a Hipólito Irigoyen en 1930 y puso en marcha la década infame que después abrió paso al nacimiento del peronismo como respuesta a semejantes atropellos. O los golpes oligárquicos de 1955, 1963 o 1966 que arrojaron más oprobio, persecución y desnacionalización de la economía, además de avances contra los derechos y conquistas populares. Es el precio indudable de la ilegitimidad y de la preservación del poder a cualquier costo.
La pregunta, un año después, no es si hubo fraude. Todos sabemos que lo hubo porque existen sobrados elementos que comprueban esta mancha en la historia política de la provincia. La pregunta de hoy es ¿cómo se puede evitar un nuevo fraude en el futuro?
Las gigantescas y pacíficas marchas de septiembre del año pasado fueron verdaderas expresiones del duelo y conciencia popular sobre la ilegitimidad del proceso político que se abrió en Córdoba y marcaron un antes y un después que incidirá sobre el curso de la historia futura de Córdoba y el país. Esa es una primera respuesta: la sociedad está dispuesta a enfrentar actos políticos que vulneren sus derechos.
Pero también es cierto, que a partir de esa fecha no existen garantías plenas de libre expresión y decisión de la ciudadanía, una situación que condiciona las bases del sistema democrático, porque el Estado se encuentra sospechado en su comportamiento y deja de ser el garante natural de la puja de las expresiones políticas, sociales y económicas. Ahí radica un segundo desafío: recuperar el valor del Estado como garante de derechos.
Así se vuelve necesario apelar a que los actores de la sociedad civil y política desarrollen formas más organizadas de defensa de la voluntad de todos. Implica la necesidad de elaborar un salto cualitativo en la organización política y social, capaz de enfrentar con éxito estas practicas nocivas, permitiendo a los sectores populares acceder al poder. Esto es, no se trata sólo de un problema de candidatos, requiere de una fuerte voluntad y organización política, social y cultural para comprender que el inicio de los cambios y transformaciones profundas que desarmen al sistema de privilegios es garantizar procesos electorales limpios con instancias de control popular.
A su vez, el fraude -que permitió la victoria de Schiaretti y De la Sota en esa fatídica jornada del 2 de septiembre- no sólo restó legitimidad al gobernante, también sembró un manto de oscuridad sobre el conjunto de las fuerzas políticas que le dan sustento al sistema democrático al ser incapaces de impedirlo. Dicho de otro modo: pese a ser víctimas junto al pueblo cordobés del accionar fraudulento, la persistencia en el tiempo de la situación cuestionada y motivadora de la tergiversación de la decisión popular sumó a los que no pudieron evitar la consumación de lo no querido a la deslegitimación del victimario. La gravedad de lo ocurrido hace un año atrás está justamente en esos factores.
En síntesis: Hubo fraude; el gobierno es ilegítimo; y las condiciones para alterar la decisión de la sociedad están dentro de las reglas del propio sistema que integramos todos. Es a partir de este razonamiento que se vuelve ineludible una reforma política seria, profunda y consensuada para replantear los componentes que permiten las acciones políticas como las que vivimos hace un año. La batería de propuestas en ese sentido debe partir de eliminar las sumatorias que debilitan a los partidos políticos y permiten burlar la opción ciudadana; evaluar nuevos mecanismos de selección que incrementen la fortaleza y representación de los candidatos electos; adicionar y optimizar los instrumentos de democracia semi-directa que promueven y permiten la participación popular; y reformar la Constitución.
Todavía nos queda mucho camino por hacer. Las secuelas de la ilegitimidad llenan y llenarán de dolores a los cordobeses, y la lucha contra ellas será parte del recorrido de las fuerzas populares y democráticas en los próximos años. Y será fundamental no perder de vista que recuperar la legitimidad de las instituciones pasa por eliminar la enorme brecha abierta por el fraude y las políticas antipopulares previas al 2 de septiembre y posteriores a ese momento.
Publicado en el diario Hoy día Córdoba el 02/09/2008.
Viceintendente de Córdoba
El fraude ejecutado por José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti el 2 de septiembre de 2007 fue un instrumento de sectores que quisieron preservar sus privilegios y continuar imponiendo políticas contrarias a los intereses de la gente. Su ejecución hundió al gobierno de Schiaretti en la ilegitimidad, y a sus políticas las impregna cada día de mayor ilegitimidad. Todo gobierno que en algún momento vulneró la voluntad popular gestionó para los grupos de poder concentrado y para privilegios sectoriales o personales y en perjuicio de la mayoría del pueblo. Y eso es lo que está sucediendo en Córdoba. La historia argentina recuerda –distintas situaciones y experiencias- como el golpe que derrocó a Hipólito Irigoyen en 1930 y puso en marcha la década infame que después abrió paso al nacimiento del peronismo como respuesta a semejantes atropellos. O los golpes oligárquicos de 1955, 1963 o 1966 que arrojaron más oprobio, persecución y desnacionalización de la economía, además de avances contra los derechos y conquistas populares. Es el precio indudable de la ilegitimidad y de la preservación del poder a cualquier costo.
La pregunta, un año después, no es si hubo fraude. Todos sabemos que lo hubo porque existen sobrados elementos que comprueban esta mancha en la historia política de la provincia. La pregunta de hoy es ¿cómo se puede evitar un nuevo fraude en el futuro?
Las gigantescas y pacíficas marchas de septiembre del año pasado fueron verdaderas expresiones del duelo y conciencia popular sobre la ilegitimidad del proceso político que se abrió en Córdoba y marcaron un antes y un después que incidirá sobre el curso de la historia futura de Córdoba y el país. Esa es una primera respuesta: la sociedad está dispuesta a enfrentar actos políticos que vulneren sus derechos.
Pero también es cierto, que a partir de esa fecha no existen garantías plenas de libre expresión y decisión de la ciudadanía, una situación que condiciona las bases del sistema democrático, porque el Estado se encuentra sospechado en su comportamiento y deja de ser el garante natural de la puja de las expresiones políticas, sociales y económicas. Ahí radica un segundo desafío: recuperar el valor del Estado como garante de derechos.
Así se vuelve necesario apelar a que los actores de la sociedad civil y política desarrollen formas más organizadas de defensa de la voluntad de todos. Implica la necesidad de elaborar un salto cualitativo en la organización política y social, capaz de enfrentar con éxito estas practicas nocivas, permitiendo a los sectores populares acceder al poder. Esto es, no se trata sólo de un problema de candidatos, requiere de una fuerte voluntad y organización política, social y cultural para comprender que el inicio de los cambios y transformaciones profundas que desarmen al sistema de privilegios es garantizar procesos electorales limpios con instancias de control popular.
A su vez, el fraude -que permitió la victoria de Schiaretti y De la Sota en esa fatídica jornada del 2 de septiembre- no sólo restó legitimidad al gobernante, también sembró un manto de oscuridad sobre el conjunto de las fuerzas políticas que le dan sustento al sistema democrático al ser incapaces de impedirlo. Dicho de otro modo: pese a ser víctimas junto al pueblo cordobés del accionar fraudulento, la persistencia en el tiempo de la situación cuestionada y motivadora de la tergiversación de la decisión popular sumó a los que no pudieron evitar la consumación de lo no querido a la deslegitimación del victimario. La gravedad de lo ocurrido hace un año atrás está justamente en esos factores.
En síntesis: Hubo fraude; el gobierno es ilegítimo; y las condiciones para alterar la decisión de la sociedad están dentro de las reglas del propio sistema que integramos todos. Es a partir de este razonamiento que se vuelve ineludible una reforma política seria, profunda y consensuada para replantear los componentes que permiten las acciones políticas como las que vivimos hace un año. La batería de propuestas en ese sentido debe partir de eliminar las sumatorias que debilitan a los partidos políticos y permiten burlar la opción ciudadana; evaluar nuevos mecanismos de selección que incrementen la fortaleza y representación de los candidatos electos; adicionar y optimizar los instrumentos de democracia semi-directa que promueven y permiten la participación popular; y reformar la Constitución.
Todavía nos queda mucho camino por hacer. Las secuelas de la ilegitimidad llenan y llenarán de dolores a los cordobeses, y la lucha contra ellas será parte del recorrido de las fuerzas populares y democráticas en los próximos años. Y será fundamental no perder de vista que recuperar la legitimidad de las instituciones pasa por eliminar la enorme brecha abierta por el fraude y las políticas antipopulares previas al 2 de septiembre y posteriores a ese momento.
Publicado en el diario Hoy día Córdoba el 02/09/2008.
miércoles, 6 de agosto de 2008
CICLO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONCEJO DELIBERANTE
Con tres conferencias se realizará un Ciclo de Derechos Humanos en el Concejo Deliberante de Córdoba. Las actividades -todas se desarrollarán en el recinto del Concejo, en Pasaje Comercio 447- son organizadas por la Viceintendencia de la ciudad, el Concejo Deliberante y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y cuentan con la adhesión de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.
La primera está prevista para el jueves 7 de agosto, a las 18 horas. Disertarán sobre el "Primer juicio a genocidas en Córdoba", Martín Fresneda y Claudio Orosz, abogados de la organización de derechos humanos HIJOS.
Luego, el 21 de agosto, también a las 18 horas, se llevará a cabo la charla sobre "La preservación de los espacios de memoria. La venta de la cárcel de San Martín". El panel estará integrado por Luís Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Adela Coria, legisladora del Frente Cívico y Social, y Mario Barrientos, subsecretario de Vinculación con la Comunidad de la UNC.
Mientras que la última se concretará el 18 de septiembre, otra vez a las 18 horas, con el tema "La reconstrucción histórica y el derecho a la identidad". En la oportunidad se presentará el documental "Conadep Córdoba (S.E.U-UNC) y posteriormente expondrán Sonia Torres (Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba) y María Elena Mercado (CONADEP Córdoba).
martes, 5 de agosto de 2008
LA DESNUDEZ DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA
Adela Coria
Legisladora por el Frente Cívico. Docente de Ciencias Económicas, UNC
María Luz Ezquerro
Mágister en RR.II. Docente Ciencias Económicas, UNC
El miércoles 30 de julio, la Legislatura provincial aprobó por el voto oficialista un ajuste al sistema jubilatorio y, en primera lectura, un aumento del Impuesto a los Ingresos Brutos. La razón invocada por el Gobierno de Schiaretti es que sencillamente el Gobierno nacional, desde fines de 2007, no envía los fondos que corresponden.
El discurso oficial apunta a culpar al Ejecutivo Nacional silenciando un problema que el “sentido común” anunciaba desde hace tiempo. Se inscribe en esta nueva manera de vaciar los acontecimientos de sentido y a los hechos, reducirlos, sin memoria, volverlos ahistóricos.
Pequeño detalle, olvidarse de toda la trama de acciones y complicidades llevadas a cabo para armonizar la previsión cordobesa con la nacional desde 2001 a la fecha. Esta deliberada lisura que omite una compleja realidad a la que los cordobeses se fueron adecuando no se puede pasar por alto. Tanto minimalismo esgrimido atenta contra todas las capas de la política y, una vez más, la bastardea.
Fue interesante la exposición de razones de todo el arco opositor, con mucho detalle de cifras a las que no es preciso aludir ahora, pero lo mejor estuvo dado en hacer entender más allá de que estamos en un momento crítico, que hace falta mucha más imaginación para resolver emergencias con políticas sustentables y gente seria puesta a resolver de un modo integral la matriz de ingresos y egresos de la economía cordobesa.
Y es aquí donde vale la pena detenerse para hacer una enumeración de cuestiones que vienen dándose en Córdoba, que en conjunto, como un “combo”, revelan la continuidad de una reconfiguración de poderes que significó el nuevo estado delasotiano, que no se dicen y conspiran certeramente contra la ominosa e inequitativa distribución de ingresos de la Provincia.
Las señales del Gobierno. ¿A favor de quién está el Gobierno de Córdoba?
Una de las formas de verlo es relevar algunas de las leyes “fuertes” de los últimos tiempos del tándem De La Sota-Schiaretti: 1. La venta a precio irrisorio del Batallón 141. 2. La exención de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y consumos eléctricos de grandes empresas de telecomunicaciones y software. 3. La venta de cárceles provinciales (otra vez la memoria olvidada). 4. La posibilidad de endeudar más a la Provincia por 500 millones de dólares. 5. Las mismas exenciones (privilegios) a las tres automotrices Iveco, VW y Renault. 6. Un golpe a las jubilaciones. 7. Otro a la pequeña y mediana empresa con el aumento de II.BB. 8. Lo que vendrá.
Sin comentarios. O mejor sí, y sólo sobre una arista del impuestazo: aumentar la carga de Ingresos Brutos a las Pyme –que inevitablemente implicará impacto en el consumo y latente desocupación– en un contexto de apertura de mercados, un escenario globalizado que desde el Pacto Fiscal de 1993 recomienda su eliminación (por inequitativo y distorsivo), siendo que proveen aproximadamente el 70 por ciento del empleo privado, es de una torpeza de tal magnitud que jamás se sostendría en ninguna cátedra de Derecho Fiscal de nuestras universidades.
Otra forma de analizar a favor de quién está el Gobierno es poner la atención en lo que no se hace; por ejemplo, que no se revalúan propiedades urbanas y rurales desde 1993. No podemos olvidar tampoco el “dejar hacer” con la recaudación de impuestos al Estado en manos de Kollector, dato interesante para ciudadanos desprevenidos.
La tercera forma que se nos ocurre, es mirar qué hacen otros gobiernos provinciales. Sin ir más lejos, la semana pasada la Provincia de Buenos Aires aprobó con el apoyo no sólo del oficialismo sino de radicales y radicales K un nuevo esquema tributario que asegura la progresividad del mismo. Las empresas que pagarán Ingresos Brutos serán las que superan los 60 millones de pesos en ventas; el uno por ciento de los comercios tributará 3 por ciento ya que el 99 por ciento queda exento, y fundamentalmente se corrigen asimetrías y se prioriza el cuidado a la cadena de valor agroalimentaria.
Por último, aunque correspondería con esto prologar todo análisis de la economía cordobesa, el tema de la deuda pública incrementada formidablemente desde 1999, de 3.100 millones de pesos en valores corrientes a 12.000 millones de pesos (¿?) a la fecha. Acudimos a los análisis de Salvador Treber, que viene alertando sobre el manejo de los presupuestos provinciales, acusado siempre de tremendista, y que refiere a los dibujos de la “contabilidad creativa” y los agujeros negros donde se ocultan desfinanciamientos crónicos; no sólo la Caja de Jubilaciones, sino Banco de Córdoba, Apross, Lotería de Córdoba.
La “reinvención” del Estado proclamada por la leyes del delasotismo o el “Nuevo Estado” es un verdadero bluff, que se cae a pedazos y que cuesta cada vez más sostenerlo con embustes.
Como en un cuento de Andersen. Hans Christian Andersen construye en el cuento El traje nuevo del emperador una genial parábola sobre lo políticamente correcto y un brillante diagnóstico sobre la estupidez y la mentira, cuya actualidad es innegable.
La historia cuenta que dos pícaros convencen al emperador de que pueden tejerle un traje con una tela maravillosa que sólo verán los inteligentes; es decir, para los tontos será invisible. Obvio que durante la confección nadie ve la tela, ni el emperador ni los que lo rodean, pero ninguno quiere pasar por tonto y fingen admiración ante el supuesto traje y alaban el supuesto ropaje.
Llega el día del estreno del traje y el emperador sale acompañado de toda su corte que lo elogia profusamente, jamás reconociendo que no ve nada, hasta que un niño muerto de risa grita que el emperador va desnudo. Imaginad que toda la plebe cae en la cuenta burlándose y rechiflando el supuesto traje de inteligentes. A veces, hay que reconocerlo, la gente es así: te quiere y te alaba y enseguida te sepulta con el mismo entusiasmo.
De todas formas, el emperador, aunque consciente de su tontería (que no reside en no ver sino en pretender ver) decide aguantar hasta el fin. Con paso majestuoso y completamente en cueros continúa su camino mientras, a su espalda, los ministros, chambelanes y cortesanos siguen detrás, obedientes, sosteniéndole la cola con todo respeto.
Eso, todo el respeto que se le está faltando al pueblo.
Ver nota completa en La Voz del Interior
Legisladora por el Frente Cívico. Docente de Ciencias Económicas, UNC
María Luz Ezquerro
Mágister en RR.II. Docente Ciencias Económicas, UNC
El miércoles 30 de julio, la Legislatura provincial aprobó por el voto oficialista un ajuste al sistema jubilatorio y, en primera lectura, un aumento del Impuesto a los Ingresos Brutos. La razón invocada por el Gobierno de Schiaretti es que sencillamente el Gobierno nacional, desde fines de 2007, no envía los fondos que corresponden.
El discurso oficial apunta a culpar al Ejecutivo Nacional silenciando un problema que el “sentido común” anunciaba desde hace tiempo. Se inscribe en esta nueva manera de vaciar los acontecimientos de sentido y a los hechos, reducirlos, sin memoria, volverlos ahistóricos.
Pequeño detalle, olvidarse de toda la trama de acciones y complicidades llevadas a cabo para armonizar la previsión cordobesa con la nacional desde 2001 a la fecha. Esta deliberada lisura que omite una compleja realidad a la que los cordobeses se fueron adecuando no se puede pasar por alto. Tanto minimalismo esgrimido atenta contra todas las capas de la política y, una vez más, la bastardea.
Fue interesante la exposición de razones de todo el arco opositor, con mucho detalle de cifras a las que no es preciso aludir ahora, pero lo mejor estuvo dado en hacer entender más allá de que estamos en un momento crítico, que hace falta mucha más imaginación para resolver emergencias con políticas sustentables y gente seria puesta a resolver de un modo integral la matriz de ingresos y egresos de la economía cordobesa.
Y es aquí donde vale la pena detenerse para hacer una enumeración de cuestiones que vienen dándose en Córdoba, que en conjunto, como un “combo”, revelan la continuidad de una reconfiguración de poderes que significó el nuevo estado delasotiano, que no se dicen y conspiran certeramente contra la ominosa e inequitativa distribución de ingresos de la Provincia.
Las señales del Gobierno. ¿A favor de quién está el Gobierno de Córdoba?
Una de las formas de verlo es relevar algunas de las leyes “fuertes” de los últimos tiempos del tándem De La Sota-Schiaretti: 1. La venta a precio irrisorio del Batallón 141. 2. La exención de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y consumos eléctricos de grandes empresas de telecomunicaciones y software. 3. La venta de cárceles provinciales (otra vez la memoria olvidada). 4. La posibilidad de endeudar más a la Provincia por 500 millones de dólares. 5. Las mismas exenciones (privilegios) a las tres automotrices Iveco, VW y Renault. 6. Un golpe a las jubilaciones. 7. Otro a la pequeña y mediana empresa con el aumento de II.BB. 8. Lo que vendrá.
Sin comentarios. O mejor sí, y sólo sobre una arista del impuestazo: aumentar la carga de Ingresos Brutos a las Pyme –que inevitablemente implicará impacto en el consumo y latente desocupación– en un contexto de apertura de mercados, un escenario globalizado que desde el Pacto Fiscal de 1993 recomienda su eliminación (por inequitativo y distorsivo), siendo que proveen aproximadamente el 70 por ciento del empleo privado, es de una torpeza de tal magnitud que jamás se sostendría en ninguna cátedra de Derecho Fiscal de nuestras universidades.
Otra forma de analizar a favor de quién está el Gobierno es poner la atención en lo que no se hace; por ejemplo, que no se revalúan propiedades urbanas y rurales desde 1993. No podemos olvidar tampoco el “dejar hacer” con la recaudación de impuestos al Estado en manos de Kollector, dato interesante para ciudadanos desprevenidos.
La tercera forma que se nos ocurre, es mirar qué hacen otros gobiernos provinciales. Sin ir más lejos, la semana pasada la Provincia de Buenos Aires aprobó con el apoyo no sólo del oficialismo sino de radicales y radicales K un nuevo esquema tributario que asegura la progresividad del mismo. Las empresas que pagarán Ingresos Brutos serán las que superan los 60 millones de pesos en ventas; el uno por ciento de los comercios tributará 3 por ciento ya que el 99 por ciento queda exento, y fundamentalmente se corrigen asimetrías y se prioriza el cuidado a la cadena de valor agroalimentaria.
Por último, aunque correspondería con esto prologar todo análisis de la economía cordobesa, el tema de la deuda pública incrementada formidablemente desde 1999, de 3.100 millones de pesos en valores corrientes a 12.000 millones de pesos (¿?) a la fecha. Acudimos a los análisis de Salvador Treber, que viene alertando sobre el manejo de los presupuestos provinciales, acusado siempre de tremendista, y que refiere a los dibujos de la “contabilidad creativa” y los agujeros negros donde se ocultan desfinanciamientos crónicos; no sólo la Caja de Jubilaciones, sino Banco de Córdoba, Apross, Lotería de Córdoba.
La “reinvención” del Estado proclamada por la leyes del delasotismo o el “Nuevo Estado” es un verdadero bluff, que se cae a pedazos y que cuesta cada vez más sostenerlo con embustes.
Como en un cuento de Andersen. Hans Christian Andersen construye en el cuento El traje nuevo del emperador una genial parábola sobre lo políticamente correcto y un brillante diagnóstico sobre la estupidez y la mentira, cuya actualidad es innegable.
La historia cuenta que dos pícaros convencen al emperador de que pueden tejerle un traje con una tela maravillosa que sólo verán los inteligentes; es decir, para los tontos será invisible. Obvio que durante la confección nadie ve la tela, ni el emperador ni los que lo rodean, pero ninguno quiere pasar por tonto y fingen admiración ante el supuesto traje y alaban el supuesto ropaje.
Llega el día del estreno del traje y el emperador sale acompañado de toda su corte que lo elogia profusamente, jamás reconociendo que no ve nada, hasta que un niño muerto de risa grita que el emperador va desnudo. Imaginad que toda la plebe cae en la cuenta burlándose y rechiflando el supuesto traje de inteligentes. A veces, hay que reconocerlo, la gente es así: te quiere y te alaba y enseguida te sepulta con el mismo entusiasmo.
De todas formas, el emperador, aunque consciente de su tontería (que no reside en no ver sino en pretender ver) decide aguantar hasta el fin. Con paso majestuoso y completamente en cueros continúa su camino mientras, a su espalda, los ministros, chambelanes y cortesanos siguen detrás, obedientes, sosteniéndole la cola con todo respeto.
Eso, todo el respeto que se le está faltando al pueblo.
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lunes, 4 de agosto de 2008
REPUDIO A LA REPRESIÓN
LA LEGISLADORA ADELA CORIA Y LAS CONCEJALAS, MÓNICA CID Y GRACIELA TREBER, SE MANIFESTARON CONTRA LA REPRESIÓN A LOS ESTATALES QUE PROTESTABAN CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL.
Adjudicar la violencia a los trabajadores resulta una simplificación intencional. La verdadera violencia es el avasallamiento de derechos adquiridos, producto de una larga lucha de los trabajadores, y de raigambre constitucional.
Emprender la búsqueda de los responsables de la situación actual de la Caja de Jubilaciones y de la economía provincial es un trámite sencillo: es el actual gobernador, Juan Schiaretti, ex-vice-gobernador y ministro de economía de la provincia, del ex-gobernador José Manuel De la Sota. Ellos son los máximos responsables del descomunal endeudamiento provincial del cual esta crisis es el primer gran síntoma. Síntoma de la enfermedad terminal que aqueja al Estado y padecemos todos los cordobeses.
Por esa razón, Concejales y Legisladores del Frente Cívico y Social expresan su más enérgico repudio ante la brutal represión policial acaecida ayer contra los trabajadores estatales que se manifestaban en defensa de los derechos vulnerados por la ley de recortes a los haberes jubilatorios y la reforma previsional orquestada por el gobierno de Schiaretti.
Destacamos la espúrea sanción de la Ley, posibilitada por las más consabidas maniobras que merecen ser llamadas “a-políticas”. Como en los más crueles tiempos neoliberales, la represión se instala en nombre del cuidado de la paz social para imponer medidas que si no fuera por la fuerza, no lograrían instalarse.
Legisladora provincial: Adela Coria.
Concejales: Mónica Cid y Graciela Treber.
Adjudicar la violencia a los trabajadores resulta una simplificación intencional. La verdadera violencia es el avasallamiento de derechos adquiridos, producto de una larga lucha de los trabajadores, y de raigambre constitucional.
Emprender la búsqueda de los responsables de la situación actual de la Caja de Jubilaciones y de la economía provincial es un trámite sencillo: es el actual gobernador, Juan Schiaretti, ex-vice-gobernador y ministro de economía de la provincia, del ex-gobernador José Manuel De la Sota. Ellos son los máximos responsables del descomunal endeudamiento provincial del cual esta crisis es el primer gran síntoma. Síntoma de la enfermedad terminal que aqueja al Estado y padecemos todos los cordobeses.
Por esa razón, Concejales y Legisladores del Frente Cívico y Social expresan su más enérgico repudio ante la brutal represión policial acaecida ayer contra los trabajadores estatales que se manifestaban en defensa de los derechos vulnerados por la ley de recortes a los haberes jubilatorios y la reforma previsional orquestada por el gobierno de Schiaretti.
Destacamos la espúrea sanción de la Ley, posibilitada por las más consabidas maniobras que merecen ser llamadas “a-políticas”. Como en los más crueles tiempos neoliberales, la represión se instala en nombre del cuidado de la paz social para imponer medidas que si no fuera por la fuerza, no lograrían instalarse.
Legisladora provincial: Adela Coria.
Concejales: Mónica Cid y Graciela Treber.
"MENÉNDEZ PRESO Y TODO EL AÑO ES CARNAVAL"
El Proyecto Eternauta dependiente de la Imprenta H.I.J.O.S., invita a fotógrafos amigos a participar en el concurso "Menéndez preso y todo el año es carnaval".
Hasta el 20 de agosto de 2008 podrán presentar hasta 3 fotografías por persona o grupo retratando el histórico juicio a Menéndez. Estas deberán ser enviadas por e-mail a imprentahijos@ gmail.com antes de la fecha establecida.
Se seleccionarán 6 fotografías para formar una serie de postales en blanco y negro que formarán parte del Proyecto Eternauta. Éste es un proyecto pensado para producir material independiente autogestionado. Es solventado gracias al aporte voluntario de nuestros compañeros, amigos y clientes interesados en colaborar con la difusión del arte gráfico no comercial. Cada pieza forma parte de una serie que es entregada a cambio de una monedita que servirá para imprimir la próxima tirada.
Los interesados deberán enviar un máximo de 3 fotografías por persona o grupo por e-mail a imprentahijos@ gmail.com antes de 20 de agosto de 2008, en formato jpg, en escala de grises, a 600 x 800 px. También deberán incluir nombre o pseudónimo de la persona o grupo, dirección electrónica y teléfonos de contacto. El 30 de agosto comunicaremos a los ganadores via e-mail o teléfono y éstos deberán enviar las fotos en formato .tif, escala de grises, tamaño 10x15 cm en 300 dpi. Las postales serán impresas en cartulina encapada base blanca de 300 gramos.
Cada ganador recibirá 10 juegos de la serie de postales y las fotografías seleccionadas serán expuestas en diferentes lugares en forma ambulante.
Hasta el 20 de agosto de 2008 podrán presentar hasta 3 fotografías por persona o grupo retratando el histórico juicio a Menéndez. Estas deberán ser enviadas por e-mail a imprentahijos@ gmail.com antes de la fecha establecida.
Se seleccionarán 6 fotografías para formar una serie de postales en blanco y negro que formarán parte del Proyecto Eternauta. Éste es un proyecto pensado para producir material independiente autogestionado. Es solventado gracias al aporte voluntario de nuestros compañeros, amigos y clientes interesados en colaborar con la difusión del arte gráfico no comercial. Cada pieza forma parte de una serie que es entregada a cambio de una monedita que servirá para imprimir la próxima tirada.
Los interesados deberán enviar un máximo de 3 fotografías por persona o grupo por e-mail a imprentahijos@ gmail.com antes de 20 de agosto de 2008, en formato jpg, en escala de grises, a 600 x 800 px. También deberán incluir nombre o pseudónimo de la persona o grupo, dirección electrónica y teléfonos de contacto. El 30 de agosto comunicaremos a los ganadores via e-mail o teléfono y éstos deberán enviar las fotos en formato .tif, escala de grises, tamaño 10x15 cm en 300 dpi. Las postales serán impresas en cartulina encapada base blanca de 300 gramos.
Cada ganador recibirá 10 juegos de la serie de postales y las fotografías seleccionadas serán expuestas en diferentes lugares en forma ambulante.
jueves, 31 de julio de 2008
SCHIARETTI, COMO MENEM Y DE LA SOTA, SÓLO SABE APLICAR AJUSTES A LOS TRABAJADORES, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS
Carlos Vicente
Viceintendente de Córdoba
La ley que pomposamente Juan Schiaretti denomina de “Emergencia Provisional y Programa de Saneamiento Económico y Financiero de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”, no es otra cosa que el regreso de las políticas de ajuste sobre los trabajadores, jubilados y pensionados que tantas veces ejercieron su jefe político, José Manuel de De la Sota, y Carlos Menem.
Schiaretti se disfraza de progresista y se pone piel de cordero, pero es un peronista neoliberal y un lobo que se tira encima de los sectores populares. Dice en los fundamentos de la norma que esta tarde aprobó la Legislatura que se aplican criterios de “solidaridad y equidad”, pero es una gran mentira. La realidad es que declara la emergencia y mete la mano en los bolsillos a los propios empleados activos para no hacerlo con aquellos sectores de mayores recursos económicos, a quienes beneficia de manera permanente. Miente porque la solidaridad no debe ser sólo de carácter sectorial, sino que requiere solidaridad del conjunto social. La razón es simple: El sistema jubilatorio se asienta en la segunda de las opciones, tanto para los estatales, como para los privados, porque el sistema se sostiene en base al aporte de los activos y el presupuesto público.
Además, la realidad es que la grave situación de la Caja es un producto histórico del achique del Estado en los 90’, una política de la cual son responsables Ramón Mestre, el propio De la Sota y Schiaretti; de la precarización laboral (sumas no remunerativas, contratados, pasantes, etc.) que todos ellos promovieron en la administración del gobierno; y de la disminución de los ingresos públicos como consecuencia de la reducción de la carga impositiva sobre los grupos sociales con mayor capacidad económica.
Finalmente, el resultado ha sido una jornada en la que los cordobeses debimos asistir a la represión por parte del Estado para conseguir la aprobación de una norma que claramente cercena derechos de miles de trabajadores estatales. Repudiamos la acción estatal, y reclamamos políticas en favor de la inclusión y la justicia social; dos objetivos que Schiaretti no ha tenido en cuenta en esta oportunidad.
Viceintendente de Córdoba
La ley que pomposamente Juan Schiaretti denomina de “Emergencia Provisional y Programa de Saneamiento Económico y Financiero de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”, no es otra cosa que el regreso de las políticas de ajuste sobre los trabajadores, jubilados y pensionados que tantas veces ejercieron su jefe político, José Manuel de De la Sota, y Carlos Menem.
Schiaretti se disfraza de progresista y se pone piel de cordero, pero es un peronista neoliberal y un lobo que se tira encima de los sectores populares. Dice en los fundamentos de la norma que esta tarde aprobó la Legislatura que se aplican criterios de “solidaridad y equidad”, pero es una gran mentira. La realidad es que declara la emergencia y mete la mano en los bolsillos a los propios empleados activos para no hacerlo con aquellos sectores de mayores recursos económicos, a quienes beneficia de manera permanente. Miente porque la solidaridad no debe ser sólo de carácter sectorial, sino que requiere solidaridad del conjunto social. La razón es simple: El sistema jubilatorio se asienta en la segunda de las opciones, tanto para los estatales, como para los privados, porque el sistema se sostiene en base al aporte de los activos y el presupuesto público.
Además, la realidad es que la grave situación de la Caja es un producto histórico del achique del Estado en los 90’, una política de la cual son responsables Ramón Mestre, el propio De la Sota y Schiaretti; de la precarización laboral (sumas no remunerativas, contratados, pasantes, etc.) que todos ellos promovieron en la administración del gobierno; y de la disminución de los ingresos públicos como consecuencia de la reducción de la carga impositiva sobre los grupos sociales con mayor capacidad económica.
Finalmente, el resultado ha sido una jornada en la que los cordobeses debimos asistir a la represión por parte del Estado para conseguir la aprobación de una norma que claramente cercena derechos de miles de trabajadores estatales. Repudiamos la acción estatal, y reclamamos políticas en favor de la inclusión y la justicia social; dos objetivos que Schiaretti no ha tenido en cuenta en esta oportunidad.
VICENTE Y GATICA CON LOZANO
El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente, y el intendente de Jesús María, Marcelino Gatica, ambos del Frente Cívico, se reunieron durante la reunión de la Constituyente Social realizada en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con el diputado nacional, Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos). Los tres analizaron la situación política en el país luego de la decisión del Senado de rechazar el proyecto oficial de retenciones móviles y la posibilidad de interacción política de los sectores progresistas en Argentina.
sábado, 19 de julio de 2008
VICENTE Y GATICA TRABAJAN JUNTOS PARA QUE CÓRDOBA INGRESE EN FEMUNCOR
El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente, y el intendente de la ciudad de Jesús María, Marcelino Gatica analizaron el pasado miércoles 16 de julio, durante un almuerzo en Jesús María, el proyecto de ordenanza por el que el gobierno de la capital provincial convalida su ingreso a la Federación de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba (FEMUNCOR).
Vicente y Gatica coincidieron en que la iniciativa que fue enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal de Córdoba al Concejo Deliberante de esta capital –presidido por Vicente- y su aprobación por el cuerpo deliberativo es sumamente importante para el fortalecimiento de esta organización intermunicipal que agrupa a municipios y comunas de toda la provincia gobernadas por el Frente Cívico. Gatica es justamente el titular de FEMUNCOR.
El proyecto que se encuentra en tratamiento en la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante convalida la actuación del intendente Daniel Giacomino en FEMUNCOR; ratifica el Acta-Convenio constitutiva de la Federación de Municipios y Comunas de Córdoba (FEMUNCOR) suscripto el 27 de diciembre de 2007; y autoriza un aporte mensual para el funcionamiento de la institución. Las federaciones de municipios o agrupamientos intermunicipales están previstos en el artículo 190 de la Constitución de la provincia de Córdoba.
Ambos dirigentes coincidieron además en que este organismo debe ser la base de la representación y defensa de los intereses comunes de los gobiernos locales gestionados por el Frente Cívico ante el Ejecutivo cordobés con el objeto de elevar la calidad de vida de las ciudades que gobiernan.
Junto a Vicente participaron del encuentro Horacio Pedrone, Fabián García, Sergio Peiretti y Walter Gisper.
A su vez, opinaron que el Frente Cívico debe trabajar en cada una de sus ciudades y pueblos para poder representar genuinamente los intereses y demandas de todos los cordobeses, además de elaborar un proyecto que represente las aspiraciones del conjunto, objetivo para el que se comprometieron a llevar adelante actividades en común.
Vicente y Gatica coincidieron en que la iniciativa que fue enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal de Córdoba al Concejo Deliberante de esta capital –presidido por Vicente- y su aprobación por el cuerpo deliberativo es sumamente importante para el fortalecimiento de esta organización intermunicipal que agrupa a municipios y comunas de toda la provincia gobernadas por el Frente Cívico. Gatica es justamente el titular de FEMUNCOR.
El proyecto que se encuentra en tratamiento en la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante convalida la actuación del intendente Daniel Giacomino en FEMUNCOR; ratifica el Acta-Convenio constitutiva de la Federación de Municipios y Comunas de Córdoba (FEMUNCOR) suscripto el 27 de diciembre de 2007; y autoriza un aporte mensual para el funcionamiento de la institución. Las federaciones de municipios o agrupamientos intermunicipales están previstos en el artículo 190 de la Constitución de la provincia de Córdoba.
Ambos dirigentes coincidieron además en que este organismo debe ser la base de la representación y defensa de los intereses comunes de los gobiernos locales gestionados por el Frente Cívico ante el Ejecutivo cordobés con el objeto de elevar la calidad de vida de las ciudades que gobiernan.
Junto a Vicente participaron del encuentro Horacio Pedrone, Fabián García, Sergio Peiretti y Walter Gisper.
A su vez, opinaron que el Frente Cívico debe trabajar en cada una de sus ciudades y pueblos para poder representar genuinamente los intereses y demandas de todos los cordobeses, además de elaborar un proyecto que represente las aspiraciones del conjunto, objetivo para el que se comprometieron a llevar adelante actividades en común.
lunes, 14 de julio de 2008
"ME GUSTARÍA QUE GIACOMINO ME CONSULTE MÁS"
Reconoce que hoy no forma parte de la mesa chica donde se toman decisiones en el Ejecutivo, aunque remarca que tiene puesta la camiseta de la gestión que encabeza Giacomino. Igual, marca diferencias con el intendente respecto al desempeño de los concejales oficialistas y a las quejas de éste sobre la herencia que le dejó Juez.
Nota completa en La Voz del Interior.
Nota completa en La Voz del Interior.
EL SUBTE DEBE CONSTRUIRSE CON TODAS LAS GARANTÍAS Y RECAUDOS PARA LOS CORDOBESES
En primer lugar, saludo la posibilidad de que podamos tratar una iniciativa de esta trascendencia para el futuro de nuestra ciudad.
Córdoba debe tener su subte, porque implica un salto adelante para su desarrollo y para mejorar la calidad del servicio de transporte público de pasajeros durante las próximas décadas. Creo que se trata de una iniciativa de enorme magnitud, capaz de transformar nuestro destino, y que, en consecuencia, estamos obligados a dotarla de todas las garantías y recaudos para alcanzar un resultado exitoso.
Pero también estoy aquí para cuidar los intereses de los cordobeses y eso es lo que estoy haciendo con el acto administrativo que impulsé. Una de mis obligaciones como viceintendente de la ciudad y presidente del Concejo Deliberante es controlar la legalidad de los actos de gobierno. Por esa razón es que solicité, el pasado 18 de junio, al director de Asuntos Legales y Técnicos del Concejo Deliberante, Gerardo Battistón, un dictamen sobre el convenio celebrado entre nuestra Municipalidad de Córdoba y el gobierno nacional para licitar la construcción del subterráneo con fecha 22 de mayo de 2008.
El dictamen fue elevado a mi consideración el lunes 30 de junio de 2008 y lo he girado hoy, martes 1 de julio, para su oportuna consideración a todos los presidentes de comisiones involucrados en el tratamiento de este tema, Gustavo Barrionuevo, Servicios Públicos y Transporte; y Jorge Stabio, Legislación General; a los presidentes de los bloques de concejales de este Concejo Deliberante; y a todos los ediles, que son los que deberán resolver sobre el curso de esta iniciativa.
Un resumen de la conclusión de este dictamen es la siguiente:
"(…) El Convenio de referencia debe observar previsiones legales que específicamente se encuentran establecidas en la Constitucion Provincial y en la Carta Orgánica Municipal; es opinión de esta Dirección que previo a dar tratamiento legislativo al referido Convenio, el mismo sea remitido al DEM, a fin de que se subsanen las observaciones efectuadas.
Así, el Convenio deberá establecer las siguientes obligaciones:
1. Previo al llamado a Licitación Pública para la construcción de las obras y concesión del servicio de subte, se deberá autorizar el uso del suelo y subsuelo, de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 78 de la Carta Orgánica Municipal.
2. Se deberá establecer la participación de las distintas áreas técnicas del Municipio para el desarrollo del proyecto en las distintas etapas de su ejecución.
3. Establecer la obligación de realizar informe de impacto ambiental, social y económico-comercial del proyecto, y la realización de una o varias audiencia/s pública/s informativa/s sobre el tema en tratamiento, como lo ordena el art. 28 de la Carta Orgánica Municipal.
4. Eliminar el compromiso según el cual la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba se compromete a garantizar el repago del financiamiento. En efecto, si el tomador del financiamiento es el Estado Nacional no hay razón jurídica para que la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba asuma tal obligación.
Por último se recomienda solicitar al DEM la remisión a este Concejo del Proyecto de Diseño del Sistema de Transporte Subterráneo de pasajeros- en el caso que lo hubiere-, a los fines de completar el presente dictamen".
Carlos Vicente
La Nota completa en La Voz del Interior.
Córdoba debe tener su subte, porque implica un salto adelante para su desarrollo y para mejorar la calidad del servicio de transporte público de pasajeros durante las próximas décadas. Creo que se trata de una iniciativa de enorme magnitud, capaz de transformar nuestro destino, y que, en consecuencia, estamos obligados a dotarla de todas las garantías y recaudos para alcanzar un resultado exitoso.
Pero también estoy aquí para cuidar los intereses de los cordobeses y eso es lo que estoy haciendo con el acto administrativo que impulsé. Una de mis obligaciones como viceintendente de la ciudad y presidente del Concejo Deliberante es controlar la legalidad de los actos de gobierno. Por esa razón es que solicité, el pasado 18 de junio, al director de Asuntos Legales y Técnicos del Concejo Deliberante, Gerardo Battistón, un dictamen sobre el convenio celebrado entre nuestra Municipalidad de Córdoba y el gobierno nacional para licitar la construcción del subterráneo con fecha 22 de mayo de 2008.
El dictamen fue elevado a mi consideración el lunes 30 de junio de 2008 y lo he girado hoy, martes 1 de julio, para su oportuna consideración a todos los presidentes de comisiones involucrados en el tratamiento de este tema, Gustavo Barrionuevo, Servicios Públicos y Transporte; y Jorge Stabio, Legislación General; a los presidentes de los bloques de concejales de este Concejo Deliberante; y a todos los ediles, que son los que deberán resolver sobre el curso de esta iniciativa.
Un resumen de la conclusión de este dictamen es la siguiente:
"(…) El Convenio de referencia debe observar previsiones legales que específicamente se encuentran establecidas en la Constitucion Provincial y en la Carta Orgánica Municipal; es opinión de esta Dirección que previo a dar tratamiento legislativo al referido Convenio, el mismo sea remitido al DEM, a fin de que se subsanen las observaciones efectuadas.
Así, el Convenio deberá establecer las siguientes obligaciones:
1. Previo al llamado a Licitación Pública para la construcción de las obras y concesión del servicio de subte, se deberá autorizar el uso del suelo y subsuelo, de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 78 de la Carta Orgánica Municipal.
2. Se deberá establecer la participación de las distintas áreas técnicas del Municipio para el desarrollo del proyecto en las distintas etapas de su ejecución.
3. Establecer la obligación de realizar informe de impacto ambiental, social y económico-comercial del proyecto, y la realización de una o varias audiencia/s pública/s informativa/s sobre el tema en tratamiento, como lo ordena el art. 28 de la Carta Orgánica Municipal.
4. Eliminar el compromiso según el cual la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba se compromete a garantizar el repago del financiamiento. En efecto, si el tomador del financiamiento es el Estado Nacional no hay razón jurídica para que la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba asuma tal obligación.
Por último se recomienda solicitar al DEM la remisión a este Concejo del Proyecto de Diseño del Sistema de Transporte Subterráneo de pasajeros- en el caso que lo hubiere-, a los fines de completar el presente dictamen".
Carlos Vicente
La Nota completa en La Voz del Interior.
lunes, 30 de junio de 2008
EN MORÓN, SE REUNIERON VICENTE Y SABATTELLA
El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente, se entrevistó el viernes pasado en Morón, provincia de Buenos Aires, con el intendente de esa ciudad, Martín Sabbatella.
Sabbatella y Vicente son dos de los referentes del espacio político progresista en Argentina y compartieron sus experiencias sobre la gestión en sus respectivas ciudades, poniendo enfásis en las políticas de transparencia, participación y equidad y en las acciones que se pueden impulsar desde los ámbitos legislativos para mejorar la calidad de vida.
También analizaron la situación en el país y el desarrollo de las ideas y fuerzas políticas progresistas en sus respectivos territorios.
Vicente y Sabbatela coincidieron en que se trata de un tiempo de oportunidad para el progresismo en Argentina, porque están en debate nuevamente temas como la distribución del ingreso y el rol del Estado en la economía.
El viceintendente de Córdoba apuntó sobre la reunión, que se extendió a lo largo de tres horas, que "con Martín compartimos la visión de modificar las realidades de injusticia que aún se viven en Argentina y en nuestras comunidades y entendemos que es un momento de oportunidades para elevar la calidad de las instituciones y favorecer la inclusión social a partir de políticas económicas y sociales redistributivas".
miércoles, 11 de junio de 2008
GLOBALIZACIÓN E IDENTIDADES MÉDICAS
1. INTRODUCCIÓN
El progreso del conocimiento médico es uno de los factores que posibilitó a la especie humana resolver importantes problemas de salud; hoy es posible anhelar una expectativa de vida inimaginable hace apenas medio siglo. Enfermedades tremendas han quedado, por ahora, restringidas a los anaqueles de la historia, mientras que otras están confinadas a las poblaciones más relegadas del planeta. El saneamiento y la higiene, las vacunas y los antibióticos son los principales aportes de la medicina occidental al esfuerzo de toda la humanidad por mejorar su calidad de vida.
Las investigaciones clínicas son ensayos o pruebas en donde se experimentan o comparan tratamientos con el objetivo de curar afecciones y mejorar nuestros recursos terapéuticos, sosteniendo el avance constante y eficaz de la medicina.
Los investigadores operan con y sobre grupos de personas, enfermos o no, que reciben algún tipo de tratamiento, unos supuestamente mejores que otros o, incluso a veces, ningún tratamiento
"real", como es el caso del uso de placebos.
En los ensayos, hasta completar los estudios, no sólo existe incertidumbre respecto de la utilidad y los efectos contraproducentes que pudieran producir esos tratamientos, sino que además hay un conflicto de intereses entre pacientes e investigadores, ya que el médico no sólo busca mejorar el tratamiento de la enfermedad, sino que pretende, además, contestar una pregunta científica. Por otra parte, no puede asegurarle al paciente que busca su beneficencia, porque su acción tiene un final incierto. El paciente, por su parte, desea sólo su curación y no lo motiva un interés científico.
En esta interacción, en consecuencia, se detectan dos sectores: uno, formado por los investigadores, que decide qué tipo de tratamiento o asistencia médica recibirá cada uno de los miembros del otro sector y un segundo, subalterno, que a su vez está conformado por pacientes reclutados para el ensayo, constituido por personas que requieren de cuidados médicos y aceptan las intervenciones y decisiones que sobre ellos toma el grupo preeminente.
En la relación pueden manifestarse intereses comerciales y prejuicios sociales, políticos o étnicos que ensombrecen la actividad y hasta desvanecen los objetivos médicos científicos. En los últimos 25 años es notable el crecimiento mundial del volumen de la experimentación clínica, crecimiento vinculado a sincrónicos progresos tecnológicos en informatización y comunicaciones. Por otra parte, la industria farmacéutica tomó un fuerte protagonismo en el desarrollo de la investigación clínica, interesándose particularmente en el desarrollo de nuevos productos-mercancías.
Además, es preciso considerar que este impulso se da en el marco de cambios políticos y culturales generados por la expansión del proceso de globalización económica.
2. OBJETIVO
Desde conceptos analíticos que utiliza la Antropología para examinar las relaciones interétnicas, las diferencias e identidades, pretendemos observar el modo en que se manifiesta actualmente la relación social entre los investigadores clínicos y sus sujetos de estudio; considerar cuáles son las percepciones que tienen los médicos de sus pacientes, en esta relación "médico-paciente" transfigurada en relación "investigador-objeto de ensayo".
Analizaremos dos situaciones o casos que aparecen como paradigmáticos, de gran actualidad y muy provechosos para comprender la manera en que las investigaciones clínicas expresan su carácter de relaciones sociales en el marco de la globalización.
El primer caso está sustentado en el artículo "Unethical Trials of Interventions to Reduce Perinatal Transmission of the Human Immunodeficiency Virus in Developing Countries" (1) (Investigaciones Inmorales sobre Intervenciones para Reducir la Transmisión Perinatal de HIV en Países en Desarrollo), de Peter Lurie y Sydney M. Wolfe, publicado en New England Medicine Journal.
El segundo caso se refiere a un proceso de ensayos clínicos que se llevaron a cabo en el Hospital Infantil de Córdoba, en Argentina, su análisis se documenta en el artículo: "Investigaciones científicas privadas en el Hospital Infantil" (2), de los Drs. Bryan Maclean y Diego Degiorgis, ex jefes de residentes de dicho hospital, publicado en el diario La Mañana de Córdoba y complementariamente en el informe final del
sumario administrativo realizado por el Estado municipal (3) que se sostiene en la pericia realizada por el Dr. Pedro de Sarasqueta.
3. ANÁLISIS DEL PRIMER CASO: TRANSMISIÓN PERINATAL DE HIV
La pandemia de SIDA es la mayor agresión infecciosa que enfrenta la humanidad desde finales del siglo XX, ya que hasta nuestros días no hemos podido encontrar herramientas que impidan su expansión, ni la cura para los enfermos, aunque sí es posible, a través del uso de antirretrovirales específicos, contener la infección y aminorar su evolución.
Un área de alta sensibilidad es la de tratar de evitar la transmisión perinatal, debido a que en los niños pequeños la infección tiene una elevada letalidad. En 1994 se publicó un régimen de tratamiento con antirretrovirales que disminuía la transmisión perinatal de HIV de un 25% a un 6%. Posteriores investigaciones demostraron que el esquema era tan efectivo que podía disminuir la transmisión hasta sólo un 1-2%, por lo que fue instalado en los países desarrollados como el standard o norma de tratamiento en embarazadas infectadas.
Sin embargo, el uso masivo de este régimen se encuentra limitado por el alto costo de las drogas antirretrovirales, ya que sus patentes son celosamente resguardadas por las empresas propietarias. Millones de mujeres embarazadas e infectadas con HIV de los países periféricos, principalmente africanas, no pueden acceder al régimen y cientos de miles de sus hijos mueren irremediablemente de SIDA por esta causa.
Lurie y Wolfe encontraron, en los registros gubernamentales de los Estados Unidos, dieciocho investigaciones clínicas comenzadas después de la instauración del régimen de tratamiento reconocido como efectivo, cuyo objetivo era probar la efectividad de regímenes alternativos o más económicos para disminuir la transmisión perinatal de HIV. Estos trabajos reclutarían a 17.000 mujeres embarazadas infectadas de HIV.
Los autores denuncian que quince de esos ensayos eran inmorales, porque no garantizaban que todas las embarazadas participantes cuentaran, por lo menos, con el régimen considerado efectivo, ya que se utilizaban diseños de pruebas controlados contra placebo para estas investigaciones.
La acusación de inmoralidad fue suficientemente detallada en esa oportunidad, pero ahora querríamos destacar otra situación particular: de los dieciocho ensayos, sólo dos se realizaron en Estados Unidos y todas las pacientes, de todos los grupos de estudio, tenían acceso a un tratamiento con algún antirretroviral; esto garantizaba que el riesgo de transmisión del HIV fuera el mínimo, mientras que en los quince estudios a realizar en África y República Dominicana se probaban distintas intervenciones contra placebo o nada, por ejemplo: regímenes cortos de zidovudina contra placebo o vitamina A contra placebo
o distintas técnicas de inmunoterapia contra placebo, e incluso: lavado vaginal intraparto contra ninguna intervención.
El argumento utilizado para justificar estos estudios por los organismos que los financian fue reconocer que las embarazadas negras africanas, y negras y latinas dominicanas no pueden acceder al régimen efectivo por su alto costo, por lo que como su única opción de atención médica era "ningún tratamiento", era correcto ensayar en ellas, utilizando "su standard" como grupo control y no el reconocido mundialmentecomo efectivo, instalándose así un doble standard: uno, para las pacientes de ensayo en Estados Unidos y otro, para investigar en los países periféricos.
3.1. LIMITES ÉTNICOS Y DOBLE STANDARD
Esta situación demuestra que el concepto de doble standard contiene el reconocimiento de un "otro", de una otredad válida y concreta para la cual es posible plantear "otra medicina", otra calidad de atención médica que, a su vez, es diferente para "nosotros".
Así, los investigadores, con el respaldo de los organismos estatales y supraestatales de Salud, estarían estableciendo una discriminación explícita (4) de los grupos poblacionales africanos y latinos. Las poblaciones pobres y alejadas son consideradas como grupos étnicos, en el sentido conceptual de "unidades culturales" a las que se les reconoce su diferencia, es decir, que tienen otras costumbres en sus cuidados de salud: otro standard de atención médica, a partir del cual la ciencia médica experimenta con ellas "respetando" su singularidad étnica.
Existe aquí un interés especial de marcar un límite étnico por parte de los científicos al constituir una dicotomía entre "nosotros" y los "otros". Para el principal estudioso de los límites étnicos, Frank Barth (5), habitualmente los "otros" se etnizarían para reclamar derechos en disputas de recursos políticos, materiales o sociales. En este caso, sin embargo, las embarazadas pobres de países atrasados no reclaman nada, ni participan siquiera de la discusión. Para poder experimentar con ellos en sus actuales y genuinas condiciones de vida, los investigadores los marcan étnicamente, para entonces desde allí, a partir de ese límite, preservarles esta condición que posibilita el desarrollo de sus investigaciones ("ellas no pueden acceder a los antirretrovirales y en esta circunstancia nuestras investigaciones serán más rápidas, económicas y fructíferas").
Los límites étnicos reproducen las desigualdades estructurales al interior de la sociedad moderna, y la sociedad global moderna es considerada como el campo de acción de los investigadores. Al mismo tiempo, la etnicidad no se opone sino que se complementa con el análisis de clase, cuando la estratificación se expresa en términos culturales (6), como ocurre en la relación social que estamos analizando.
Desde otro punto de vista, se destacaba la falta de reciprocidad en la relación, pues ésta concluía inevitablemente con información científica con valor de mercado apropiada por los investigadores y miles de casos de transmisión de HIV evitables, generados deliberadamente.
Este escenario, sin embargo, no es nuevo en la ciencia médica norteamericana. Entre 1932 y 1972, un estudio epidemiológico diseñado para conocer la evolución natural de la sífilis generó el escándalo de los "cobayos humanos de Tuskegee" (7). En aquella oportunidad 399 pacientes sifilíticos, negros y pobres fueron estudiados minuciosamente y no recibieron tratamiento alguno durante 40 años, a pesar de que conocíamos desde el año 1943 que la penicilina curaba totalmente la enfermedad.
El estilo discriminador e inhumano que refleja esta actitud en la medicina norteamericana podría ser consecuencia de la forma, de la manera, en que esa sociedad administró la relación entre sus distintos componentes étnicos.
3.2. DIVERSIDAD Y NACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Las estrategias de unificación implementadas históricamente por el estado nacional norteamericano generaron un proceso de formación de diversidad con características singulares que condicionaron la dinámica de las relaciones interétnicas y que, obviamente, se reflejan en las investigaciones clínicas en cuanto éstas son parte de sus relaciones sociales.
Este proceso de formación de diversidad es claramente sintetizado por la antropóloga Rita L. Segato (8), al considerar que en el grupo angloprotestante que condujo desde su origen la construcción de la nación norteamericana, dominó la tesis de que la unidad nacional dependía de la administración de la convivencia de varios contingentes étnicos en cuanto tales. Para ellos el "melting pot" (su crisol de razas) significó un mosaico de razas siempre identificables, diferentes, cohabitando el mismo suelo pero en calidad de grupos separados. Así se procesaron los diversos contingentes como un conjunto de unidades étnicas segmentadas, segregadas, jerarquizadas y enfrentadas, de acuerdo con una estructura originaria polar de blancos y negros, que fue la matriz donde se instalaron posteriormente el conjunto de los otros segmentos étnicos de la sociedad.
De esta manera se manifiesta un mecanismo sectario en la cultura derivado de la estructura segregada de la sociedad, pues, a pesar que el concepto de "melting pot" fue posteriormente reemplazado por el de pluralismo cultural, cada grupo siguió teniendo su integridad y autonomía enfatizada y continúa promoviéndose el encierro en los grupos constitutivos.
Las políticas del multiculturalismo anglosajón no contienen una cultura política que incluya como valor el reconocimiento, promueven una cultura de la compasión y refuerzan prejuicios en los que se sustentan posteriores actitudes de estigmatización sistemática y comportamientos discriminatorios (4). En ese contexto es posible comprender la concepción ideológica que viabiliza tan notable diferencia de riesgo entre las investigaciones a desarrollar en los propios Estados Unidos y las llevadas adelante en los países periféricos.
Sería posible considerar que esta actitud diferencial para promover ensayos clínicos, reconociendo un doble standard de atención médica, estuviera teñida de racismo. Para Immanuel Wallerstein (9), la raza es una categoría genética que alcanzó su esplendor como categoría social a medida que la expansión de la economía capitalista se propagó más allá de Europa y se instalaron procesos de producción en una relación centro/periferia con características cada vez más desiguales. Para este autor, la raza y el racismo son la expresión, el motor y la consecuencia de las concentraciones geográficas asociadas a una división del trabajo entre un centro dominante y una periferia subalterna, situación que también es patentizada en este caso.
En forma complementaria, Stuart Hall (10) afirma que la raza es un concepto sociocultural, no un discurso transhistórico fundado en lo biológico, no funciona a través de la verdad del referente biológico sino como una lógica discursiva; el racismo biológico recurre a las características corporales como diacríticos de la raza, pero estas características connotan diferencias sociales y culturales, y esta noción de raza ha sido desplazada por un concepto explícitamente cultural. Para Hall, el racismo es una estructura de discurso y representación que trata de expulsar simbólicamente al Otro, lanzarlo afuera, colocarlo allá, en el tercer mundo e inscribir en el cuerpo social e individual relaciones de desigualdad, asimetría y exclusión.
Desigual, asimétrica y excluyente es el tipo de relación social que los investigadores sobre la transmisión perinatal de HIV entablaron con las poblaciones de embarazadas infectadas con HIV de África y República Dominicana donde se llevaron adelante los ensayos que denunciaron Lurie y Wolfe. Finalmente queremos destacar que no todos los equipos de investigadores se alinearon enfáticamente con la concepción impulsada por los organismos federales de salud y la propia OMS, otro diseño de investigación clínica era factible.
Lurie y Wolfe subrayan cómo el grupo de Harvard resistió las presiones de los organismos federales que pretendían forzarlos a utilizar el diseño de control contra placebo, rechazado por inmoral, y cómo finalmente lograron imponer un estudio de análisis de equivalencia de regímenes antirretrovirales, para llevar adelante en Tailandia.
4. ANÁLISIS DEL SEGUNDO CASO: INVESTIGACIONES PRIVADAS EN EL HOSPITAL INFANTIL
El Hospital Infantil Municipal constituye una parte importante en la oferta de servicios públicos gratuitos en salud de la ciudad de Córdoba, en la Argentina. Es el segundo hospital pediátrico en una ciudad de 1.200.000 habitantes, posee alta complejidad y complementa una vasta red municipal de centros de atención primaria de la salud, diseminados por los barrios más pobres de la ciudad.
En dicho hospital, entre 1993 y 2003, se llevaron a cabo una serie de ensayos clínicos que involucraban al Departamento de Pediatría del hospital, cuyo jefe fue el promotor principal de los mismos y organizó el trabajo del área en función de la concreción de protocolos de investigación, con el apoyo de muchos miembros del plantel profesional.
Finalmente, luego de muchas denuncias, fueron separados los profesionales más comprometidos, luego de la concreción de un sumario administrativo ocasionado por la utilización de recursos del Estado con el fin de realizar investigaciones privadas pertenecientes a la industria farmacéutica (2,11).
El proceso de investigaciones desarrollado en el Hospital Infantil tenía características novedosas para la práctica corriente en la Argentina. No se desplegaban desde una institución académica y/o estatal; los ensayos eran llevados adelante con toda la infraestructura del Hospital y con sus pacientes, a partir de acuerdos privados de un grupo de profesionales con empresas patrocinadoras.
Los protocolos de las investigaciones eran provistos por los patrocinadores y, encabezada por el Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital, se creó una "Contract Research Organization" (organización que investiga por contrato), es decir: un grupo privado no universitario que lleva adelante investigaciones por encargo. Para el Dr. Juan C. Tealdi (12); Coordinador del Consejo Nacional de Ética y Derechos Humanos en Investigación Biomédica, del Estado argentino; los investigadores comerciales cobrarían entre 500 y 12.000 dólares por paciente incorporado a un protocolo. En el sumario del caso del Hospital Infantil se reconoció la participación de más de 2.000 niños reclutados a protocolos (11).
Es probable entonces que el monto total abonado por estos ensayos pueda haber alcanzado los 24 millones de dólares, elemento que no queremos centralizar en este análisis. Para el Dr. Pedro De Sarasqueta (3), la regulación argentina sobre el financiamiento de investigaciones pagadas por la industria farmacéutica es prácticamente inexistente, y los manejos financieros no son abiertos, transparentes ni controlables.
Los ensayos se constituían como parte de protocolos de investigación global. Los patrocinadores fueron empresas multinacionales que situaban el motivo de la investigación, no precisamente en las necesidades sanitarias de nuestra población, sino en sus necesidades comerciales de investigación y desarrollo (2).
Estas investigaciones carecieron de reciprocidad: el Dr. De Sarasqueta no encontró elementos que recompensaran a la comunidad pobre que posibilitó, con su cuerpo y riesgo, el desarrollo de una investigación que proporcionó ganancias a las empresas y a los investigadores, pero, por ejemplo, que no comprometió el acceso gratuito a las nuevas vacunas desarrolladas.
En síntesis, podemos decir que las investigaciones clínicas en el Hospital Infantil Municipal eran: privadas y por dinero, con diseños (protocolos, etc.) elaborados por el contratante o según sus requerimientos; el problema a estudiar y sus hipótesis eran determinados por los verdaderos propietarios de la investigación, los sujetos humanos de experimentación eran los integrantes de la población infantil socialmente más vulnerable de Córdoba.
¿Qué es lo que justifica que individual y colectivamente grupos médicos lleven adelante este tipo de experiencia con intensidad y generalización? Y ¿por qué existió tanta facilidad para instrumentalizar a sus propios pacientes-niños, procedentes de la población más humilde y desprotegida de Córdoba, en experimentos para terceros, en un hospital donde, además, no existía una tradición en investigación clínica? Esto es lo que trataremos de comprender.
4.1. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA MEDICINA EN ARGENTINA
Primero es preciso reconocer cómo se ubicó, qué roles cumplió la medicina, y los médicos en particular, en el proceso de formación de la sociedad nacional en la Argentina. Cuando analizábamos el caso norteamericano destacábamos la singularidad de su proceso de formación de diversidad. Allí, la estrategia para estabilizar la unidad nacional fue administrar lo diverso como diverso y en ese marco conceptual era admisible que desde la medicina se considerara en forma diferencial a ciertas poblaciones marcadas étnicamente como disímiles. Pero en la Argentina el proceso de formación de la sociedad nacional fue distinto: hasta mediados del siglo XX se fabricó una etnicidad uniformadora ficticia.
En la construcción de identidad en la Argentina, el Estado presionó para que la nación se comportase como una unidad étnica con una cultura singular, propia, homogénea y reconocible. Mientras que en Estados Unidos prevaleció el principio de la igualdad en la diferencia, en Argentina fue exactamente al revés: todas las personas étnicamente marcadas, ya sea por pertenecer a una etnia derrotada (como indios y africanos) o a un pueblo inmigrante, fueron convocadas o presionadas a desplazarse de sus categorías de origen para, solamente entonces, poder ejercer confortablemente la ciudadanía plena. La nación argentina fue concebida y formulada como una gran etnia artificial ideada por la generación de 1880 y reproducida en la escuela pública y gratuita, en el servicio militar obligatorio y en la salud pública (8).
En momentos en que la mayoría de la población de Buenos Aires era extranjera, el terror étnico en la elite argentina la impulsó a generar políticas activas de integración y asimilación a la nación. El modelo de lo étnico esencial e indivisible aplicado a la sociedad nacional entera es la idea que orientó la acción de las instituciones estatales como la escuela y la salud pública en la Argentina. La escuela tenía una función asimilacionista y homogeneizante en términos culturales (4); la salud pública intentó constituirse en un ámbito estatal de resguardo y amparo para los individuos en cuanto ciudadanos de la nación. En la historia social argentina el acceso a la atención médica, formalmente, era para todos en cuanto "todos" éramos argentinos o habitantes de este suelo.
En la generación de la sociedad nacional argentina podemos decir que hubo una etnización ficticia y forzosa, pero hubo también un proceso de generación de pueblitud. Para el analista del sistema-mundo ya citado, Immanuel Wallerstein (9), los términos raza, nación y grupo étnico son presumiblemente variedades de pueblos en el mundo moderno.
En la generación de la sociedad nacional quedó desdibujada la imagen de raza. En el crisol de razas argentino se fundió el componente indígena, africano, criollo e inmigrante europeo o judío o árabe, generando una nueva raza-nacional. La idea de nación, fuertemente promovida por el Estado argentino con la difusión de un relato mítico histórico, logró arraigarse junto con el modelo de sociedad de bienestar que ofrecía salud y educación (hasta los años '90) en el marco de un territorio integrado a la nacionalidad.
La vía de desarrollo del capitalismo en la Argentina resolvió la cuestión étnica con la construcción de un modelo cultural monoétnico, de contenido eurocentrista, que se reprodujo hegemónicamente como la cultura "civilizada" de la nación (13). De esta manera se fue arraigando la noción de "pueblo argentino", compuesta por reconocerse en un nombre común, junto con un conjunto de tradiciones vividas como restos de un pasado inmemorial, que fueron formando una trama de relatos, que, a la vez, constituyeron un inconsciente colectivo capaz de convertir a la comunidad imaginaria en real, en un "pueblo" (14). Wallerstein (9) destaca que la dimensión temporal del pasado es un rasgo esencial e intrínseco del concepto de pueblo. La idea del pasado hace que se actúe en el presente de manera distinta de lo que se hubiera actuado.
Es un instrumento que se utiliza contra los demás y un elemento fundamental para socializar a los individuos, mantener la solidaridad de grupo y establecer o cuestionar la legitimación social. Las ideas del pasado en términos raciales, nacionales y étnicos son los modos de construir la noción de pueblo, son las invenciones de la idea del pasado las que determinan fenómenos políticos y actitudes sociales contemporáneas.
Ejemplo de esas actitudes puede ser la disposición de los médicos a identificarse con sus pacientes, reconociéndose individual y socialmente como parte de un mismo colectivo, con una historia y un destino común.
De esta manera, podemos considerar que la generación de pueblitud en Argentina se forjó con la edificación de una nación unificadora, donde se construyeron sujetos neutros de otra identidad que no sea la del "ser nacional" y que culturalmente prevaleció la concepción monoétnica-eurocentrista. En ese marco, la salud pública y la medicina, cumplieron un rol en la asimilación social y cultural, por lo que los médicos no podían estar ajenos a este proceso. Es más, eran agentes reproductores de estas concepciones ideológicas. En este análisis del proceso de cohesión cultural argentino no encontramos elementos que nos permitan concebir cómo se pudo facilitar un proceso de investigaciones privadas, prácticamente masivo, en el seno de una institución de la salud pública; ¿por qué surgió un límite, una frontera, entre los profesionales y sus pacientes, que al distanciarlos posibilitó que aquéllos investigaran comercialmente a éstos? Nuevos elementos deben haber influido fuertemente para modificar de alguna manera las concepciones de identidad e integración que los contuvieron por casi cien años. Estos podrían estar vinculados a la globalización y las concepciones ideológicas del neoliberalismo.
4.2. GLOBALIZACIÓN E IDENTIDADES
En los últimos 20 años, la globalización del mercado capitalista está marcando en forma determinante las relaciones internacionales y también las relaciones sociales hacia adentro de las fronteras de los estados. Grandes corporaciones suman esfuerzos con poderes estatales para mantener bajo su control los flujos de capital en un ámbito global e imponer así su orientación.
Los bienes que se globalizan no fluyen aleatoriamente y se encuentran concentrados en proporciones extraordinariamente desiguales, beneficiando a los países que hegemonizan los procesos de circulación.
El discurso de la globalización incita a abandonar los marcos históricos nacionales y los contextos de conflictos característicos y emblemáticos de cada sociedad. Además, por un particular "encantamiento cultural", los argentinos parecen tener una especial debilidad o inclinación para que al conjunto de bienes materiales y filosóficos particulares que componen la modernidad de los países hegemónicos, lo perciban como signo de prestigio o emblemas de modernidad en sí y no como contribución a la calidad de vida, lo que allá es acumulación histórica aquí es erigido en símbolo, emblema y fetiche (8).
De distintas formas, los agentes globales promueven y diseminan en contextos locales sus propias representaciones, promueven y financian agendas que son consideradas correctas o apropiadas desde sus propios puntos de vista; esto se manifiesta con mayor penetración aun cuando se refiere a un campo intelectual como el de la ciencia biomédica. Desde los años '90 se detecta el avance de un nuevo proceso de formación de identidades, transnacionales y sustitutivas, que se va distanciando de la experiencia étnica local, forjando nuevas identidades globalizadas con una notable levedad en valores y principios.
Las identidades propias de cada proceso histórico específico son relativizadas, las posibilidades de contracultura, de contestación a partir de la experiencia histórica de un pueblo auto-reconocido como tal se pierden. Ya no tiene tanto peso la interpelación de ese pasado construido en la historia propia de cada pueblo nación, ese requerimiento fue sustituido por una interpelación mecánica y racionalizada que consiste básicamente en la oferta de emblemas por parte del mercado, los agentes globalizadores y los medios masivos de comunicación. Es así que identidades virtuales, programadas y producidas a escala mundial y difundidas mediáticamente, secuestran y toman el lugar de las formas históricas de ser otro (8).
En este contexto, encontramos la emergencia de nuevas concepciones ideológicas que permiten involucrar a médicos en experimentaciones científicas comerciales, utilizando a sus propios pacientes. Las nuevas identidades-identificaciones que la globalización difunde abrumadoramente rompen reconocimientos en el pasado común: éste les demandaba compromiso con su función social, y las nuevas identidades ofrecen una ilusoria participación en el grupo de los protagonistas de la sociedad global a través de una intervención periférica en la producción de conocimiento biomédico; estos, conjuntamente con la seducción del prestigio de la actitud científica en las investigaciones, podrían ser los elementos que moralmente enmascaran los beneficios económicos directos que el negocio puede generar para los médicos devenidos investigadores clínicos comerciales.
Los intelectuales son los primeros en sufrir la presión cultural de la globalización. Los médicos, como parte de ese sector social, son también presionados para asumir una nueva identidad en un marco global, distinta en su rol social y vaciada de los principios y valores que enraizaban a la medicina y a los médicos con la historia de su pueblo; así, muchos quedan sin posibilidad de criticar este proyecto, sin opción contracultural, ya que responden al requerimiento de un modelo médico legitimado por una intensa dinámica de eventos científicos-comerciales (congresos, simposios) y revistas científicas que los sugestionan con el poder y la influencia de un ideal de ciencia que aparece como aséptico, indiscutible y omnipotente.
Sincrónicamente, y como componente del proceso de globalización, se verifican cambios en el modo de gobernar las democracias avanzadas con la difusión de un conjunto de nuevas concepciones ideológicas denominadas genéricamente como "neoliberales" (15).
Neoliberales fueron los diseños políticos que tuvieron fuerte presencia durante la década del '90 en la Argentina. Áreas específicas como la salud, la educación o los servicios sociales fueron convertidas en compradores de ofertas de servicios o competidores de otros en un mercado de servicios. Su función social y su valor social: la solidaridad, fueron sustituidas por la necesidad de eficiencia desde el punto de vista contable y auditadas desde ese punto de vista. Así fue como en el caso del Hospital Infantil las autoridades de la Municipalidad cedieron sus atribuciones de control directamente a las firmas patrocinantes y al investigador principal de los protocolos allí desarrollados (3,11).
Un nuevo valor es la moneda en sí. Se produjo una monetarización tal de las prácticas sociales, entre ellas las médicas, que la cuantificación y la evaluación de esas actividades pasó a ser exclusivamente en términos de dinero.
Para el sociólogo discípulo de Michel Foucault, Nikolas Rose (15), el neoliberalismo promueve un nuevo régimen del "yo": las personas son agentes activos de su propio destino en cuanto son clientes consumidores. Por un lado, esto libera a las áreas de acción social del Estado de su responsabilidad; a los médicos los puede liberar de algún tipo de compromiso particular con el estado de salud/enfermedad de la comunidad, ya que en los programas neoliberales se considera a los que sufren como si ellos fuesen los autores de su propia desgracia. Por otro lado, a nivel más general, se promueve un individualismo ponderado, una redefinida ética de la personalización que se instauró a medida que se consolidaban los gobiernos neoconservadores. Es válido, es privilegiado, lo que "yo" deseo y lo que "yo" quiero (sobre todo si es querer tener-comprar alguna mercancía).
Con la utilización de los medios de comunicación masivos como pedagogía social y la regulación de los estilos de vida a través de la publicidad, del marketing y la seducción del mundo de las mercancías, se fue reconfigurando un nuevo tipo de individuo cliente-consumidor, que como sujeto activo busca "realizarse a sí mismo" en el seno de una variedad de ámbitos micro-morales o comunidades entendidas como familias, lugares de trabajo, asociaciones de ocio o áreas disciplinarias como las que constituyen la medicina.
En ámbitos micro-morales como la comunidad de un hospital o la asociación de especialistas, participar en investigaciones multicéntricas (es decir, de desarrollo global) aportando su propio grupo de pacientes, asistir a conferencias en el extranjero (con viajes pagos), sumar su nombre a la lista enorme de participantes como co-autores, aunque más no sea en forma secundaria, parece que puede significar "realizarse a sí mismo" en el marco de estas nuevas identidades globalizadoras impulsadas por el neoliberalismo.
Además, no hay conflicto moral por las ventajas económicas de estas acciones (dinero, viajes, etc.), ya que para las concepciones ideológicas neoliberales todo tiene un valor monetario, por lo que ganar dinero por este trabajo está muy justificado y es igualmente reflejo del éxito.
La globalización del capitalismo influye culturalmente sobre las poblaciones en las que se esparce; en algunas clases y capas sociales su influjo es más notable y esto puede explicar de alguna manera las acciones de un grupo de profesionales médicos, como el de los investigadores clínicos del Hospital Infantil de Córdoba, aunque es preciso destacar que esta práctica científica-comercial se está generalizando cada vez más, como fue denunciado también por las autoridades de la obra social más grande de la Argentina (16).
4.3. CIENCIA Y NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo también ha generado situaciones particulares referidas al devenir científico. La pugna en torno a los procesos de producción, apropiación y regulación del conocimiento juega un papel central en las tensiones que genera la expansión de la lógica mercantil a todos los ámbitos de la vida, en razón de que los patrones de conocimiento son una dimensión constitutiva medular de todo orden social.
Edgardo Lander (17), en su análisis de la dinámica de producción de conocimiento científico en Estados Unidos, describió cómo la ciencia biomédica y la investigación universitaria son influenciadas por la lógica mercantil que invade progresivamente la vida académica. A partir de un nuevo régimen de propiedad intelectual, que borra las antiguas distinciones entre descubrimientos e invenciones, se promovió el patentamiento de medicamentos y el acceso de las empresas a la investigación universitaria. Ya no se descubre la cura de una enfermedad: ahora se inventa, por lo que tiene un dueño y por lo tanto un precio.
Los científicos, los departamentos de investigación y hasta las universidades pasaron a tener participación económica directa en las empresas biotecnológicas. Surgió un nuevo "ethos" académico, la figura del investigador empresario forma parte de la vida normal de la comunidad científica universitaria, los más exitosos y prestigiosos son los que tienen la mayor cantidad de patentes registradas, dando forma a lo que se llamó Capitalismo Académico.
En Norteamérica los costos de investigación son cada vez más altos, debido a una creciente regulación surgida de reclamos de resguardo a los derechos del público: los pacientes; la falta de regulaciones en nuestros países son "ventajas comparativas" para el desarrollo de las investigaciones si la industria farmacéutica logra establecer fuertes vínculos con profesionales nativos capacitados.
Es también en el marco de la instauración global de este paradigma de producción científica neoliberal que encontramos argumentos coherentes para explicar la experiencia de investigaciones clínicas privadas llevadas adelante en un hospital pediátrico argentino de la salud pública durante los años '90.
5. CONCLUSIÓN
En el caso norteamericano, se verifica una consideración discriminativa de las poblaciones de embarazadas africanas y dominicanas: éstas recibirán una atención esencialmente diferente a la brindada a las ciudadanas estadounidenses. La actitud es congruente con la histórica administración de la diferencia en ese país, que configuró un conjunto de unidades étnicas segmentadas, segregadas, jerarquizadas y enfrentadas de acuerdo con una estructura originaria polar, con hegemonía blanca, anglosajona y protestante.
En el caso argentino se observa un cambio en las percepciones sociales de algunos grupos médicos que, influidos por las concepciones neoliberales que la globalización capitalista empuja, se convirtieron en socios activos de la industria farmacéutica para desarrollar sus pruebas en nuestro ámbito; al hacerlo, rompen con identidades generadas históricamente en el marco de la construcción de un colectivo nacional como pueblo y adquieren, en su reemplazo, una nueva identidad globalizada que se podría reflejar, como médicos, en el paradigma de la ciencia neoliberal.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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en línea] La Mañana de Córdoba, 21 de octubre de 2005.
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13. Roitman M. Formas de estado y democracia multiétnica en América Latina. En: González Casanovas P, Roitman M, Albó X. Democracia y estado multiétnico en América Latina. México DF: La Jornada Ediciones, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; 1996. p. 37-61.
14. Balibar E. La forma nación: historia e ideología. En: Balibar E, Wallerstein I. Raza, Nación y Clase. Madrid: Iepala; 1991. p. 135-163.
15. Rose N. El gobierno de las democracias liberales "avanzadas", del liberalismo al neoliberalismo. Archipiélago.1997;(29):25-40.
16. Wainfeld M. Cobayos de tercera edad para una prueba ilegal. Página 12; 26 de marzo de 2007.
17. Lander E. La Ciencia Neoliberal. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 2005;11(2):35-69.
Medardo Ávila Vázquez
Médico, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Maestría de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Jefe de la Unidad Docente del Hospital Infantil, Facultad de Ciencias Médicas, UNC, Argentina.
medardoavilavazquez@yahoo.com.ar
El progreso del conocimiento médico es uno de los factores que posibilitó a la especie humana resolver importantes problemas de salud; hoy es posible anhelar una expectativa de vida inimaginable hace apenas medio siglo. Enfermedades tremendas han quedado, por ahora, restringidas a los anaqueles de la historia, mientras que otras están confinadas a las poblaciones más relegadas del planeta. El saneamiento y la higiene, las vacunas y los antibióticos son los principales aportes de la medicina occidental al esfuerzo de toda la humanidad por mejorar su calidad de vida.
Las investigaciones clínicas son ensayos o pruebas en donde se experimentan o comparan tratamientos con el objetivo de curar afecciones y mejorar nuestros recursos terapéuticos, sosteniendo el avance constante y eficaz de la medicina.
Los investigadores operan con y sobre grupos de personas, enfermos o no, que reciben algún tipo de tratamiento, unos supuestamente mejores que otros o, incluso a veces, ningún tratamiento
"real", como es el caso del uso de placebos.
En los ensayos, hasta completar los estudios, no sólo existe incertidumbre respecto de la utilidad y los efectos contraproducentes que pudieran producir esos tratamientos, sino que además hay un conflicto de intereses entre pacientes e investigadores, ya que el médico no sólo busca mejorar el tratamiento de la enfermedad, sino que pretende, además, contestar una pregunta científica. Por otra parte, no puede asegurarle al paciente que busca su beneficencia, porque su acción tiene un final incierto. El paciente, por su parte, desea sólo su curación y no lo motiva un interés científico.
En esta interacción, en consecuencia, se detectan dos sectores: uno, formado por los investigadores, que decide qué tipo de tratamiento o asistencia médica recibirá cada uno de los miembros del otro sector y un segundo, subalterno, que a su vez está conformado por pacientes reclutados para el ensayo, constituido por personas que requieren de cuidados médicos y aceptan las intervenciones y decisiones que sobre ellos toma el grupo preeminente.
En la relación pueden manifestarse intereses comerciales y prejuicios sociales, políticos o étnicos que ensombrecen la actividad y hasta desvanecen los objetivos médicos científicos. En los últimos 25 años es notable el crecimiento mundial del volumen de la experimentación clínica, crecimiento vinculado a sincrónicos progresos tecnológicos en informatización y comunicaciones. Por otra parte, la industria farmacéutica tomó un fuerte protagonismo en el desarrollo de la investigación clínica, interesándose particularmente en el desarrollo de nuevos productos-mercancías.
Además, es preciso considerar que este impulso se da en el marco de cambios políticos y culturales generados por la expansión del proceso de globalización económica.
2. OBJETIVO
Desde conceptos analíticos que utiliza la Antropología para examinar las relaciones interétnicas, las diferencias e identidades, pretendemos observar el modo en que se manifiesta actualmente la relación social entre los investigadores clínicos y sus sujetos de estudio; considerar cuáles son las percepciones que tienen los médicos de sus pacientes, en esta relación "médico-paciente" transfigurada en relación "investigador-objeto de ensayo".
Analizaremos dos situaciones o casos que aparecen como paradigmáticos, de gran actualidad y muy provechosos para comprender la manera en que las investigaciones clínicas expresan su carácter de relaciones sociales en el marco de la globalización.
El primer caso está sustentado en el artículo "Unethical Trials of Interventions to Reduce Perinatal Transmission of the Human Immunodeficiency Virus in Developing Countries" (1) (Investigaciones Inmorales sobre Intervenciones para Reducir la Transmisión Perinatal de HIV en Países en Desarrollo), de Peter Lurie y Sydney M. Wolfe, publicado en New England Medicine Journal.
El segundo caso se refiere a un proceso de ensayos clínicos que se llevaron a cabo en el Hospital Infantil de Córdoba, en Argentina, su análisis se documenta en el artículo: "Investigaciones científicas privadas en el Hospital Infantil" (2), de los Drs. Bryan Maclean y Diego Degiorgis, ex jefes de residentes de dicho hospital, publicado en el diario La Mañana de Córdoba y complementariamente en el informe final del
sumario administrativo realizado por el Estado municipal (3) que se sostiene en la pericia realizada por el Dr. Pedro de Sarasqueta.
3. ANÁLISIS DEL PRIMER CASO: TRANSMISIÓN PERINATAL DE HIV
La pandemia de SIDA es la mayor agresión infecciosa que enfrenta la humanidad desde finales del siglo XX, ya que hasta nuestros días no hemos podido encontrar herramientas que impidan su expansión, ni la cura para los enfermos, aunque sí es posible, a través del uso de antirretrovirales específicos, contener la infección y aminorar su evolución.
Un área de alta sensibilidad es la de tratar de evitar la transmisión perinatal, debido a que en los niños pequeños la infección tiene una elevada letalidad. En 1994 se publicó un régimen de tratamiento con antirretrovirales que disminuía la transmisión perinatal de HIV de un 25% a un 6%. Posteriores investigaciones demostraron que el esquema era tan efectivo que podía disminuir la transmisión hasta sólo un 1-2%, por lo que fue instalado en los países desarrollados como el standard o norma de tratamiento en embarazadas infectadas.
Sin embargo, el uso masivo de este régimen se encuentra limitado por el alto costo de las drogas antirretrovirales, ya que sus patentes son celosamente resguardadas por las empresas propietarias. Millones de mujeres embarazadas e infectadas con HIV de los países periféricos, principalmente africanas, no pueden acceder al régimen y cientos de miles de sus hijos mueren irremediablemente de SIDA por esta causa.
Lurie y Wolfe encontraron, en los registros gubernamentales de los Estados Unidos, dieciocho investigaciones clínicas comenzadas después de la instauración del régimen de tratamiento reconocido como efectivo, cuyo objetivo era probar la efectividad de regímenes alternativos o más económicos para disminuir la transmisión perinatal de HIV. Estos trabajos reclutarían a 17.000 mujeres embarazadas infectadas de HIV.
Los autores denuncian que quince de esos ensayos eran inmorales, porque no garantizaban que todas las embarazadas participantes cuentaran, por lo menos, con el régimen considerado efectivo, ya que se utilizaban diseños de pruebas controlados contra placebo para estas investigaciones.
La acusación de inmoralidad fue suficientemente detallada en esa oportunidad, pero ahora querríamos destacar otra situación particular: de los dieciocho ensayos, sólo dos se realizaron en Estados Unidos y todas las pacientes, de todos los grupos de estudio, tenían acceso a un tratamiento con algún antirretroviral; esto garantizaba que el riesgo de transmisión del HIV fuera el mínimo, mientras que en los quince estudios a realizar en África y República Dominicana se probaban distintas intervenciones contra placebo o nada, por ejemplo: regímenes cortos de zidovudina contra placebo o vitamina A contra placebo
o distintas técnicas de inmunoterapia contra placebo, e incluso: lavado vaginal intraparto contra ninguna intervención.
El argumento utilizado para justificar estos estudios por los organismos que los financian fue reconocer que las embarazadas negras africanas, y negras y latinas dominicanas no pueden acceder al régimen efectivo por su alto costo, por lo que como su única opción de atención médica era "ningún tratamiento", era correcto ensayar en ellas, utilizando "su standard" como grupo control y no el reconocido mundialmentecomo efectivo, instalándose así un doble standard: uno, para las pacientes de ensayo en Estados Unidos y otro, para investigar en los países periféricos.
3.1. LIMITES ÉTNICOS Y DOBLE STANDARD
Esta situación demuestra que el concepto de doble standard contiene el reconocimiento de un "otro", de una otredad válida y concreta para la cual es posible plantear "otra medicina", otra calidad de atención médica que, a su vez, es diferente para "nosotros".
Así, los investigadores, con el respaldo de los organismos estatales y supraestatales de Salud, estarían estableciendo una discriminación explícita (4) de los grupos poblacionales africanos y latinos. Las poblaciones pobres y alejadas son consideradas como grupos étnicos, en el sentido conceptual de "unidades culturales" a las que se les reconoce su diferencia, es decir, que tienen otras costumbres en sus cuidados de salud: otro standard de atención médica, a partir del cual la ciencia médica experimenta con ellas "respetando" su singularidad étnica.
Existe aquí un interés especial de marcar un límite étnico por parte de los científicos al constituir una dicotomía entre "nosotros" y los "otros". Para el principal estudioso de los límites étnicos, Frank Barth (5), habitualmente los "otros" se etnizarían para reclamar derechos en disputas de recursos políticos, materiales o sociales. En este caso, sin embargo, las embarazadas pobres de países atrasados no reclaman nada, ni participan siquiera de la discusión. Para poder experimentar con ellos en sus actuales y genuinas condiciones de vida, los investigadores los marcan étnicamente, para entonces desde allí, a partir de ese límite, preservarles esta condición que posibilita el desarrollo de sus investigaciones ("ellas no pueden acceder a los antirretrovirales y en esta circunstancia nuestras investigaciones serán más rápidas, económicas y fructíferas").
Los límites étnicos reproducen las desigualdades estructurales al interior de la sociedad moderna, y la sociedad global moderna es considerada como el campo de acción de los investigadores. Al mismo tiempo, la etnicidad no se opone sino que se complementa con el análisis de clase, cuando la estratificación se expresa en términos culturales (6), como ocurre en la relación social que estamos analizando.
Desde otro punto de vista, se destacaba la falta de reciprocidad en la relación, pues ésta concluía inevitablemente con información científica con valor de mercado apropiada por los investigadores y miles de casos de transmisión de HIV evitables, generados deliberadamente.
Este escenario, sin embargo, no es nuevo en la ciencia médica norteamericana. Entre 1932 y 1972, un estudio epidemiológico diseñado para conocer la evolución natural de la sífilis generó el escándalo de los "cobayos humanos de Tuskegee" (7). En aquella oportunidad 399 pacientes sifilíticos, negros y pobres fueron estudiados minuciosamente y no recibieron tratamiento alguno durante 40 años, a pesar de que conocíamos desde el año 1943 que la penicilina curaba totalmente la enfermedad.
El estilo discriminador e inhumano que refleja esta actitud en la medicina norteamericana podría ser consecuencia de la forma, de la manera, en que esa sociedad administró la relación entre sus distintos componentes étnicos.
3.2. DIVERSIDAD Y NACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Las estrategias de unificación implementadas históricamente por el estado nacional norteamericano generaron un proceso de formación de diversidad con características singulares que condicionaron la dinámica de las relaciones interétnicas y que, obviamente, se reflejan en las investigaciones clínicas en cuanto éstas son parte de sus relaciones sociales.
Este proceso de formación de diversidad es claramente sintetizado por la antropóloga Rita L. Segato (8), al considerar que en el grupo angloprotestante que condujo desde su origen la construcción de la nación norteamericana, dominó la tesis de que la unidad nacional dependía de la administración de la convivencia de varios contingentes étnicos en cuanto tales. Para ellos el "melting pot" (su crisol de razas) significó un mosaico de razas siempre identificables, diferentes, cohabitando el mismo suelo pero en calidad de grupos separados. Así se procesaron los diversos contingentes como un conjunto de unidades étnicas segmentadas, segregadas, jerarquizadas y enfrentadas, de acuerdo con una estructura originaria polar de blancos y negros, que fue la matriz donde se instalaron posteriormente el conjunto de los otros segmentos étnicos de la sociedad.
De esta manera se manifiesta un mecanismo sectario en la cultura derivado de la estructura segregada de la sociedad, pues, a pesar que el concepto de "melting pot" fue posteriormente reemplazado por el de pluralismo cultural, cada grupo siguió teniendo su integridad y autonomía enfatizada y continúa promoviéndose el encierro en los grupos constitutivos.
Las políticas del multiculturalismo anglosajón no contienen una cultura política que incluya como valor el reconocimiento, promueven una cultura de la compasión y refuerzan prejuicios en los que se sustentan posteriores actitudes de estigmatización sistemática y comportamientos discriminatorios (4). En ese contexto es posible comprender la concepción ideológica que viabiliza tan notable diferencia de riesgo entre las investigaciones a desarrollar en los propios Estados Unidos y las llevadas adelante en los países periféricos.
Sería posible considerar que esta actitud diferencial para promover ensayos clínicos, reconociendo un doble standard de atención médica, estuviera teñida de racismo. Para Immanuel Wallerstein (9), la raza es una categoría genética que alcanzó su esplendor como categoría social a medida que la expansión de la economía capitalista se propagó más allá de Europa y se instalaron procesos de producción en una relación centro/periferia con características cada vez más desiguales. Para este autor, la raza y el racismo son la expresión, el motor y la consecuencia de las concentraciones geográficas asociadas a una división del trabajo entre un centro dominante y una periferia subalterna, situación que también es patentizada en este caso.
En forma complementaria, Stuart Hall (10) afirma que la raza es un concepto sociocultural, no un discurso transhistórico fundado en lo biológico, no funciona a través de la verdad del referente biológico sino como una lógica discursiva; el racismo biológico recurre a las características corporales como diacríticos de la raza, pero estas características connotan diferencias sociales y culturales, y esta noción de raza ha sido desplazada por un concepto explícitamente cultural. Para Hall, el racismo es una estructura de discurso y representación que trata de expulsar simbólicamente al Otro, lanzarlo afuera, colocarlo allá, en el tercer mundo e inscribir en el cuerpo social e individual relaciones de desigualdad, asimetría y exclusión.
Desigual, asimétrica y excluyente es el tipo de relación social que los investigadores sobre la transmisión perinatal de HIV entablaron con las poblaciones de embarazadas infectadas con HIV de África y República Dominicana donde se llevaron adelante los ensayos que denunciaron Lurie y Wolfe. Finalmente queremos destacar que no todos los equipos de investigadores se alinearon enfáticamente con la concepción impulsada por los organismos federales de salud y la propia OMS, otro diseño de investigación clínica era factible.
Lurie y Wolfe subrayan cómo el grupo de Harvard resistió las presiones de los organismos federales que pretendían forzarlos a utilizar el diseño de control contra placebo, rechazado por inmoral, y cómo finalmente lograron imponer un estudio de análisis de equivalencia de regímenes antirretrovirales, para llevar adelante en Tailandia.
4. ANÁLISIS DEL SEGUNDO CASO: INVESTIGACIONES PRIVADAS EN EL HOSPITAL INFANTIL
El Hospital Infantil Municipal constituye una parte importante en la oferta de servicios públicos gratuitos en salud de la ciudad de Córdoba, en la Argentina. Es el segundo hospital pediátrico en una ciudad de 1.200.000 habitantes, posee alta complejidad y complementa una vasta red municipal de centros de atención primaria de la salud, diseminados por los barrios más pobres de la ciudad.
En dicho hospital, entre 1993 y 2003, se llevaron a cabo una serie de ensayos clínicos que involucraban al Departamento de Pediatría del hospital, cuyo jefe fue el promotor principal de los mismos y organizó el trabajo del área en función de la concreción de protocolos de investigación, con el apoyo de muchos miembros del plantel profesional.
Finalmente, luego de muchas denuncias, fueron separados los profesionales más comprometidos, luego de la concreción de un sumario administrativo ocasionado por la utilización de recursos del Estado con el fin de realizar investigaciones privadas pertenecientes a la industria farmacéutica (2,11).
El proceso de investigaciones desarrollado en el Hospital Infantil tenía características novedosas para la práctica corriente en la Argentina. No se desplegaban desde una institución académica y/o estatal; los ensayos eran llevados adelante con toda la infraestructura del Hospital y con sus pacientes, a partir de acuerdos privados de un grupo de profesionales con empresas patrocinadoras.
Los protocolos de las investigaciones eran provistos por los patrocinadores y, encabezada por el Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital, se creó una "Contract Research Organization" (organización que investiga por contrato), es decir: un grupo privado no universitario que lleva adelante investigaciones por encargo. Para el Dr. Juan C. Tealdi (12); Coordinador del Consejo Nacional de Ética y Derechos Humanos en Investigación Biomédica, del Estado argentino; los investigadores comerciales cobrarían entre 500 y 12.000 dólares por paciente incorporado a un protocolo. En el sumario del caso del Hospital Infantil se reconoció la participación de más de 2.000 niños reclutados a protocolos (11).
Es probable entonces que el monto total abonado por estos ensayos pueda haber alcanzado los 24 millones de dólares, elemento que no queremos centralizar en este análisis. Para el Dr. Pedro De Sarasqueta (3), la regulación argentina sobre el financiamiento de investigaciones pagadas por la industria farmacéutica es prácticamente inexistente, y los manejos financieros no son abiertos, transparentes ni controlables.
Los ensayos se constituían como parte de protocolos de investigación global. Los patrocinadores fueron empresas multinacionales que situaban el motivo de la investigación, no precisamente en las necesidades sanitarias de nuestra población, sino en sus necesidades comerciales de investigación y desarrollo (2).
Estas investigaciones carecieron de reciprocidad: el Dr. De Sarasqueta no encontró elementos que recompensaran a la comunidad pobre que posibilitó, con su cuerpo y riesgo, el desarrollo de una investigación que proporcionó ganancias a las empresas y a los investigadores, pero, por ejemplo, que no comprometió el acceso gratuito a las nuevas vacunas desarrolladas.
En síntesis, podemos decir que las investigaciones clínicas en el Hospital Infantil Municipal eran: privadas y por dinero, con diseños (protocolos, etc.) elaborados por el contratante o según sus requerimientos; el problema a estudiar y sus hipótesis eran determinados por los verdaderos propietarios de la investigación, los sujetos humanos de experimentación eran los integrantes de la población infantil socialmente más vulnerable de Córdoba.
¿Qué es lo que justifica que individual y colectivamente grupos médicos lleven adelante este tipo de experiencia con intensidad y generalización? Y ¿por qué existió tanta facilidad para instrumentalizar a sus propios pacientes-niños, procedentes de la población más humilde y desprotegida de Córdoba, en experimentos para terceros, en un hospital donde, además, no existía una tradición en investigación clínica? Esto es lo que trataremos de comprender.
4.1. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA MEDICINA EN ARGENTINA
Primero es preciso reconocer cómo se ubicó, qué roles cumplió la medicina, y los médicos en particular, en el proceso de formación de la sociedad nacional en la Argentina. Cuando analizábamos el caso norteamericano destacábamos la singularidad de su proceso de formación de diversidad. Allí, la estrategia para estabilizar la unidad nacional fue administrar lo diverso como diverso y en ese marco conceptual era admisible que desde la medicina se considerara en forma diferencial a ciertas poblaciones marcadas étnicamente como disímiles. Pero en la Argentina el proceso de formación de la sociedad nacional fue distinto: hasta mediados del siglo XX se fabricó una etnicidad uniformadora ficticia.
En la construcción de identidad en la Argentina, el Estado presionó para que la nación se comportase como una unidad étnica con una cultura singular, propia, homogénea y reconocible. Mientras que en Estados Unidos prevaleció el principio de la igualdad en la diferencia, en Argentina fue exactamente al revés: todas las personas étnicamente marcadas, ya sea por pertenecer a una etnia derrotada (como indios y africanos) o a un pueblo inmigrante, fueron convocadas o presionadas a desplazarse de sus categorías de origen para, solamente entonces, poder ejercer confortablemente la ciudadanía plena. La nación argentina fue concebida y formulada como una gran etnia artificial ideada por la generación de 1880 y reproducida en la escuela pública y gratuita, en el servicio militar obligatorio y en la salud pública (8).
En momentos en que la mayoría de la población de Buenos Aires era extranjera, el terror étnico en la elite argentina la impulsó a generar políticas activas de integración y asimilación a la nación. El modelo de lo étnico esencial e indivisible aplicado a la sociedad nacional entera es la idea que orientó la acción de las instituciones estatales como la escuela y la salud pública en la Argentina. La escuela tenía una función asimilacionista y homogeneizante en términos culturales (4); la salud pública intentó constituirse en un ámbito estatal de resguardo y amparo para los individuos en cuanto ciudadanos de la nación. En la historia social argentina el acceso a la atención médica, formalmente, era para todos en cuanto "todos" éramos argentinos o habitantes de este suelo.
En la generación de la sociedad nacional argentina podemos decir que hubo una etnización ficticia y forzosa, pero hubo también un proceso de generación de pueblitud. Para el analista del sistema-mundo ya citado, Immanuel Wallerstein (9), los términos raza, nación y grupo étnico son presumiblemente variedades de pueblos en el mundo moderno.
En la generación de la sociedad nacional quedó desdibujada la imagen de raza. En el crisol de razas argentino se fundió el componente indígena, africano, criollo e inmigrante europeo o judío o árabe, generando una nueva raza-nacional. La idea de nación, fuertemente promovida por el Estado argentino con la difusión de un relato mítico histórico, logró arraigarse junto con el modelo de sociedad de bienestar que ofrecía salud y educación (hasta los años '90) en el marco de un territorio integrado a la nacionalidad.
La vía de desarrollo del capitalismo en la Argentina resolvió la cuestión étnica con la construcción de un modelo cultural monoétnico, de contenido eurocentrista, que se reprodujo hegemónicamente como la cultura "civilizada" de la nación (13). De esta manera se fue arraigando la noción de "pueblo argentino", compuesta por reconocerse en un nombre común, junto con un conjunto de tradiciones vividas como restos de un pasado inmemorial, que fueron formando una trama de relatos, que, a la vez, constituyeron un inconsciente colectivo capaz de convertir a la comunidad imaginaria en real, en un "pueblo" (14). Wallerstein (9) destaca que la dimensión temporal del pasado es un rasgo esencial e intrínseco del concepto de pueblo. La idea del pasado hace que se actúe en el presente de manera distinta de lo que se hubiera actuado.
Es un instrumento que se utiliza contra los demás y un elemento fundamental para socializar a los individuos, mantener la solidaridad de grupo y establecer o cuestionar la legitimación social. Las ideas del pasado en términos raciales, nacionales y étnicos son los modos de construir la noción de pueblo, son las invenciones de la idea del pasado las que determinan fenómenos políticos y actitudes sociales contemporáneas.
Ejemplo de esas actitudes puede ser la disposición de los médicos a identificarse con sus pacientes, reconociéndose individual y socialmente como parte de un mismo colectivo, con una historia y un destino común.
De esta manera, podemos considerar que la generación de pueblitud en Argentina se forjó con la edificación de una nación unificadora, donde se construyeron sujetos neutros de otra identidad que no sea la del "ser nacional" y que culturalmente prevaleció la concepción monoétnica-eurocentrista. En ese marco, la salud pública y la medicina, cumplieron un rol en la asimilación social y cultural, por lo que los médicos no podían estar ajenos a este proceso. Es más, eran agentes reproductores de estas concepciones ideológicas. En este análisis del proceso de cohesión cultural argentino no encontramos elementos que nos permitan concebir cómo se pudo facilitar un proceso de investigaciones privadas, prácticamente masivo, en el seno de una institución de la salud pública; ¿por qué surgió un límite, una frontera, entre los profesionales y sus pacientes, que al distanciarlos posibilitó que aquéllos investigaran comercialmente a éstos? Nuevos elementos deben haber influido fuertemente para modificar de alguna manera las concepciones de identidad e integración que los contuvieron por casi cien años. Estos podrían estar vinculados a la globalización y las concepciones ideológicas del neoliberalismo.
4.2. GLOBALIZACIÓN E IDENTIDADES
En los últimos 20 años, la globalización del mercado capitalista está marcando en forma determinante las relaciones internacionales y también las relaciones sociales hacia adentro de las fronteras de los estados. Grandes corporaciones suman esfuerzos con poderes estatales para mantener bajo su control los flujos de capital en un ámbito global e imponer así su orientación.
Los bienes que se globalizan no fluyen aleatoriamente y se encuentran concentrados en proporciones extraordinariamente desiguales, beneficiando a los países que hegemonizan los procesos de circulación.
El discurso de la globalización incita a abandonar los marcos históricos nacionales y los contextos de conflictos característicos y emblemáticos de cada sociedad. Además, por un particular "encantamiento cultural", los argentinos parecen tener una especial debilidad o inclinación para que al conjunto de bienes materiales y filosóficos particulares que componen la modernidad de los países hegemónicos, lo perciban como signo de prestigio o emblemas de modernidad en sí y no como contribución a la calidad de vida, lo que allá es acumulación histórica aquí es erigido en símbolo, emblema y fetiche (8).
De distintas formas, los agentes globales promueven y diseminan en contextos locales sus propias representaciones, promueven y financian agendas que son consideradas correctas o apropiadas desde sus propios puntos de vista; esto se manifiesta con mayor penetración aun cuando se refiere a un campo intelectual como el de la ciencia biomédica. Desde los años '90 se detecta el avance de un nuevo proceso de formación de identidades, transnacionales y sustitutivas, que se va distanciando de la experiencia étnica local, forjando nuevas identidades globalizadas con una notable levedad en valores y principios.
Las identidades propias de cada proceso histórico específico son relativizadas, las posibilidades de contracultura, de contestación a partir de la experiencia histórica de un pueblo auto-reconocido como tal se pierden. Ya no tiene tanto peso la interpelación de ese pasado construido en la historia propia de cada pueblo nación, ese requerimiento fue sustituido por una interpelación mecánica y racionalizada que consiste básicamente en la oferta de emblemas por parte del mercado, los agentes globalizadores y los medios masivos de comunicación. Es así que identidades virtuales, programadas y producidas a escala mundial y difundidas mediáticamente, secuestran y toman el lugar de las formas históricas de ser otro (8).
En este contexto, encontramos la emergencia de nuevas concepciones ideológicas que permiten involucrar a médicos en experimentaciones científicas comerciales, utilizando a sus propios pacientes. Las nuevas identidades-identificaciones que la globalización difunde abrumadoramente rompen reconocimientos en el pasado común: éste les demandaba compromiso con su función social, y las nuevas identidades ofrecen una ilusoria participación en el grupo de los protagonistas de la sociedad global a través de una intervención periférica en la producción de conocimiento biomédico; estos, conjuntamente con la seducción del prestigio de la actitud científica en las investigaciones, podrían ser los elementos que moralmente enmascaran los beneficios económicos directos que el negocio puede generar para los médicos devenidos investigadores clínicos comerciales.
Los intelectuales son los primeros en sufrir la presión cultural de la globalización. Los médicos, como parte de ese sector social, son también presionados para asumir una nueva identidad en un marco global, distinta en su rol social y vaciada de los principios y valores que enraizaban a la medicina y a los médicos con la historia de su pueblo; así, muchos quedan sin posibilidad de criticar este proyecto, sin opción contracultural, ya que responden al requerimiento de un modelo médico legitimado por una intensa dinámica de eventos científicos-comerciales (congresos, simposios) y revistas científicas que los sugestionan con el poder y la influencia de un ideal de ciencia que aparece como aséptico, indiscutible y omnipotente.
Sincrónicamente, y como componente del proceso de globalización, se verifican cambios en el modo de gobernar las democracias avanzadas con la difusión de un conjunto de nuevas concepciones ideológicas denominadas genéricamente como "neoliberales" (15).
Neoliberales fueron los diseños políticos que tuvieron fuerte presencia durante la década del '90 en la Argentina. Áreas específicas como la salud, la educación o los servicios sociales fueron convertidas en compradores de ofertas de servicios o competidores de otros en un mercado de servicios. Su función social y su valor social: la solidaridad, fueron sustituidas por la necesidad de eficiencia desde el punto de vista contable y auditadas desde ese punto de vista. Así fue como en el caso del Hospital Infantil las autoridades de la Municipalidad cedieron sus atribuciones de control directamente a las firmas patrocinantes y al investigador principal de los protocolos allí desarrollados (3,11).
Un nuevo valor es la moneda en sí. Se produjo una monetarización tal de las prácticas sociales, entre ellas las médicas, que la cuantificación y la evaluación de esas actividades pasó a ser exclusivamente en términos de dinero.
Para el sociólogo discípulo de Michel Foucault, Nikolas Rose (15), el neoliberalismo promueve un nuevo régimen del "yo": las personas son agentes activos de su propio destino en cuanto son clientes consumidores. Por un lado, esto libera a las áreas de acción social del Estado de su responsabilidad; a los médicos los puede liberar de algún tipo de compromiso particular con el estado de salud/enfermedad de la comunidad, ya que en los programas neoliberales se considera a los que sufren como si ellos fuesen los autores de su propia desgracia. Por otro lado, a nivel más general, se promueve un individualismo ponderado, una redefinida ética de la personalización que se instauró a medida que se consolidaban los gobiernos neoconservadores. Es válido, es privilegiado, lo que "yo" deseo y lo que "yo" quiero (sobre todo si es querer tener-comprar alguna mercancía).
Con la utilización de los medios de comunicación masivos como pedagogía social y la regulación de los estilos de vida a través de la publicidad, del marketing y la seducción del mundo de las mercancías, se fue reconfigurando un nuevo tipo de individuo cliente-consumidor, que como sujeto activo busca "realizarse a sí mismo" en el seno de una variedad de ámbitos micro-morales o comunidades entendidas como familias, lugares de trabajo, asociaciones de ocio o áreas disciplinarias como las que constituyen la medicina.
En ámbitos micro-morales como la comunidad de un hospital o la asociación de especialistas, participar en investigaciones multicéntricas (es decir, de desarrollo global) aportando su propio grupo de pacientes, asistir a conferencias en el extranjero (con viajes pagos), sumar su nombre a la lista enorme de participantes como co-autores, aunque más no sea en forma secundaria, parece que puede significar "realizarse a sí mismo" en el marco de estas nuevas identidades globalizadoras impulsadas por el neoliberalismo.
Además, no hay conflicto moral por las ventajas económicas de estas acciones (dinero, viajes, etc.), ya que para las concepciones ideológicas neoliberales todo tiene un valor monetario, por lo que ganar dinero por este trabajo está muy justificado y es igualmente reflejo del éxito.
La globalización del capitalismo influye culturalmente sobre las poblaciones en las que se esparce; en algunas clases y capas sociales su influjo es más notable y esto puede explicar de alguna manera las acciones de un grupo de profesionales médicos, como el de los investigadores clínicos del Hospital Infantil de Córdoba, aunque es preciso destacar que esta práctica científica-comercial se está generalizando cada vez más, como fue denunciado también por las autoridades de la obra social más grande de la Argentina (16).
4.3. CIENCIA Y NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo también ha generado situaciones particulares referidas al devenir científico. La pugna en torno a los procesos de producción, apropiación y regulación del conocimiento juega un papel central en las tensiones que genera la expansión de la lógica mercantil a todos los ámbitos de la vida, en razón de que los patrones de conocimiento son una dimensión constitutiva medular de todo orden social.
Edgardo Lander (17), en su análisis de la dinámica de producción de conocimiento científico en Estados Unidos, describió cómo la ciencia biomédica y la investigación universitaria son influenciadas por la lógica mercantil que invade progresivamente la vida académica. A partir de un nuevo régimen de propiedad intelectual, que borra las antiguas distinciones entre descubrimientos e invenciones, se promovió el patentamiento de medicamentos y el acceso de las empresas a la investigación universitaria. Ya no se descubre la cura de una enfermedad: ahora se inventa, por lo que tiene un dueño y por lo tanto un precio.
Los científicos, los departamentos de investigación y hasta las universidades pasaron a tener participación económica directa en las empresas biotecnológicas. Surgió un nuevo "ethos" académico, la figura del investigador empresario forma parte de la vida normal de la comunidad científica universitaria, los más exitosos y prestigiosos son los que tienen la mayor cantidad de patentes registradas, dando forma a lo que se llamó Capitalismo Académico.
En Norteamérica los costos de investigación son cada vez más altos, debido a una creciente regulación surgida de reclamos de resguardo a los derechos del público: los pacientes; la falta de regulaciones en nuestros países son "ventajas comparativas" para el desarrollo de las investigaciones si la industria farmacéutica logra establecer fuertes vínculos con profesionales nativos capacitados.
Es también en el marco de la instauración global de este paradigma de producción científica neoliberal que encontramos argumentos coherentes para explicar la experiencia de investigaciones clínicas privadas llevadas adelante en un hospital pediátrico argentino de la salud pública durante los años '90.
5. CONCLUSIÓN
En el caso norteamericano, se verifica una consideración discriminativa de las poblaciones de embarazadas africanas y dominicanas: éstas recibirán una atención esencialmente diferente a la brindada a las ciudadanas estadounidenses. La actitud es congruente con la histórica administración de la diferencia en ese país, que configuró un conjunto de unidades étnicas segmentadas, segregadas, jerarquizadas y enfrentadas de acuerdo con una estructura originaria polar, con hegemonía blanca, anglosajona y protestante.
En el caso argentino se observa un cambio en las percepciones sociales de algunos grupos médicos que, influidos por las concepciones neoliberales que la globalización capitalista empuja, se convirtieron en socios activos de la industria farmacéutica para desarrollar sus pruebas en nuestro ámbito; al hacerlo, rompen con identidades generadas históricamente en el marco de la construcción de un colectivo nacional como pueblo y adquieren, en su reemplazo, una nueva identidad globalizada que se podría reflejar, como médicos, en el paradigma de la ciencia neoliberal.
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3. Municipalidad de Córdoba. Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas. Expediente N°942.681/03. Informe Nº03/05.
4. Tubino F. Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: más allá de la discriminación positiva. En: Fuller N, editor. Interculturalidad y politica. Desafios y posibilidades. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú; 2002. p. 51-76.
5. Barth F. Introducción. En: Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. México: FCE; 1976.
6. Guber R. De la etnia a la nación. Cuadernos de antropología social. 1995;(8):61-80.
7. Jecker N. Tuskegee's Truths: Rethinking the Tuskegee Syphilis Study. New England Journal of Medicine. 2000;343(21).
8. Segato RL. Identidades políticas y alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global. Nueva Sociedad. 2002;(178):104-125.
9. Wallerstein I. La construcción de los pueblos: racismo, nacionalismo, etnicidad. En: Balibar E, Wallerstein I. Raza, Nación y Clase. Madrid: Iepala; 1991. p. 111-134.
10. Restrepo E. Teorías contemporáneas de la etnicidad. Stuart Hall y Michel Foucault. Popayán: Editorial Universitaria del Cauca; 2004. p. 35-72.
11. Municipalidad de Córdoba. Caso Hospital Infantil. Sumario Administrativo 27 de septiembre de 2006.
12. Fernández M. Falta control de los ensayos clínicos. La Voz del Interior; 9 de octubre de 2005.
13. Roitman M. Formas de estado y democracia multiétnica en América Latina. En: González Casanovas P, Roitman M, Albó X. Democracia y estado multiétnico en América Latina. México DF: La Jornada Ediciones, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; 1996. p. 37-61.
14. Balibar E. La forma nación: historia e ideología. En: Balibar E, Wallerstein I. Raza, Nación y Clase. Madrid: Iepala; 1991. p. 135-163.
15. Rose N. El gobierno de las democracias liberales "avanzadas", del liberalismo al neoliberalismo. Archipiélago.1997;(29):25-40.
16. Wainfeld M. Cobayos de tercera edad para una prueba ilegal. Página 12; 26 de marzo de 2007.
17. Lander E. La Ciencia Neoliberal. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 2005;11(2):35-69.
Medardo Ávila Vázquez
Médico, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Maestría de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Jefe de la Unidad Docente del Hospital Infantil, Facultad de Ciencias Médicas, UNC, Argentina.
medardoavilavazquez@yahoo.com.ar
miércoles, 4 de junio de 2008
SCHIARETTI NOS IMITA
En diciembre de 2007, el viceintendente Carlos Vicente dispuso publicar las declaraciones juradas de concejales y funcionarios políticos en el sitio en Internet del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Puso así en marcha una política de transparencia, uno de cuyos instrumentos es poner a disposición de los vecinos y vecinas la información patrimonial de los servidores públicos. Se trata de una acción clave en la lucha contra la corrupción, dado que facilita el control ciudadano y de la sociedad civil.
Ahora, seis meses más tarde el gobernador Juan Schiaretti decidió subir a Internet las declaraciones juradas de sus funcionarios (Ver Sin anunciarlo, difunden los patrimonios), en una acción dirigida a transparentar la gestión del Estado provincial.
Vicente anunció el 30 de noviembre de 2007, en su mensaje al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el plan de Las 10 medidas con que encararía la administración de este cuerpo deliberativo.
El Frente Cívico como emergente de la crisis económica y política de 2001/2002 levantó desde el principio su vocación por transparentar la gestión pública y luchar contra la corrupción. La decisión de Vicente se enmarcó dentro de ese contexto, apelando a un kit de medidas que se utilizan en otras ciudades de Argentina y del mundo para enfrentar estas situaciones.
También forma parte de un esquema de construcción de gobernabilidad y credibilidad, dado que es la participación ciudadana –en este caso controlando y ejerciendo sus derechos- una vía para recuperar el rol de las instituciones y la capacidad del Estado de legitimar sus políticas.
La explosión de la Convertibilidad en diciembre de 2001 y las protestas populares contra el neoliberalismo, sepultaron estas políticas y abrieron paso a un nuevo ciclo en Argentina. Parte de la elaboración correspondiente a esta etapa es la reconstrucción de las instituciones, la política, el Estado y, obviamente, la economía. La transparencia y participación ciudadana son medios particulares para fortalecer el Estado y apuntalan un modelo económico que debe tener como ejes la redistribución a favor de los sectores populares y la apropiación de las rentas agraria, petrolera y minera como pilares del desarrollo del país.
Fabián García
Fabgarcia2222@yahoo.es
Daniel Córdoba
dancordoba@gmail.com
Ahora, seis meses más tarde el gobernador Juan Schiaretti decidió subir a Internet las declaraciones juradas de sus funcionarios (Ver Sin anunciarlo, difunden los patrimonios), en una acción dirigida a transparentar la gestión del Estado provincial.
Vicente anunció el 30 de noviembre de 2007, en su mensaje al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el plan de Las 10 medidas con que encararía la administración de este cuerpo deliberativo.
El Frente Cívico como emergente de la crisis económica y política de 2001/2002 levantó desde el principio su vocación por transparentar la gestión pública y luchar contra la corrupción. La decisión de Vicente se enmarcó dentro de ese contexto, apelando a un kit de medidas que se utilizan en otras ciudades de Argentina y del mundo para enfrentar estas situaciones.
También forma parte de un esquema de construcción de gobernabilidad y credibilidad, dado que es la participación ciudadana –en este caso controlando y ejerciendo sus derechos- una vía para recuperar el rol de las instituciones y la capacidad del Estado de legitimar sus políticas.
La explosión de la Convertibilidad en diciembre de 2001 y las protestas populares contra el neoliberalismo, sepultaron estas políticas y abrieron paso a un nuevo ciclo en Argentina. Parte de la elaboración correspondiente a esta etapa es la reconstrucción de las instituciones, la política, el Estado y, obviamente, la economía. La transparencia y participación ciudadana son medios particulares para fortalecer el Estado y apuntalan un modelo económico que debe tener como ejes la redistribución a favor de los sectores populares y la apropiación de las rentas agraria, petrolera y minera como pilares del desarrollo del país.
Fabián García
Fabgarcia2222@yahoo.es
Daniel Córdoba
dancordoba@gmail.com
martes, 3 de junio de 2008
UNA MIRADA SOBRE LAS RENTAS AGRARIA, PETROLERA Y MINERA
En un artículo publicado en el diario Crítica el sábado 31 de mayo, el diputado nacional Claudio Lozano, Movimiento por Buenos Aires, desarrolla un análisis político y económico sobre la posición del gobierno nacional en la disputa sobre las retenciones a la producción agropecuaria. También suma una mirada sobre la no utilización de las rentas petrolera y minera. Ver artículo.
jueves, 29 de mayo de 2008
UN TREN PARA TODOS
UN PROYECTO ALTERNATIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL.
Un grupo de ciudadanos, fuerzas políticas y organizaciones sociales, muchos de los cuales son técnicos y trabajadores ferroviarios, desarrolló un proyecto alternativo. Se trata de un Tren Para Todos, una iniciativa viable para un sistema ferroviario de alcance nacional, con un costo muy inferior al del tren bala.
Sucede que hace algunas semanas el gobierno nacional anunció la construcción de un tren bala para unir Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. El alto costo de la inversión, calculada en más de 5 mil millones de dólares, desató encendidos debates sobre la necesidad de reconstruir la red ferroviaria, y sobre las prioridades de inversión.
La propuesta de Un Tren para Todos es sencilla: unir las principales ciudades de 14 provincias, en 18 mil kilómetros de vías reconstruidas a nuevo, 7 mil de las cuales estarían destinadas al transporte de pasajeros y carga, y el resto sólo para esta última.
El proyecto, que contempla el impulso del comercio regional y la actividad industrial, planea la construcción de 300 locomotoras, 900 coches de pasajeros y 15.000 vagones para carga, y la reparación del sistema vial completo. De acuerdo al análisis realizado por técnicos ferroviarios, requiere una inversión de 3.100 millones de dólares (1.900 millones menos que el tren bala). Alcanzaría una velocidad máxima de 120 km/h, lo que permitiría unir Córdoba con Buenos Aires en menos de 8 horas, con un pasaje mucho más accesible que el del ómnibus. Otras ventajas indiscutibles, son la distensión del tráfico en las rutas y ahorro en combustibles y mantenimiento vial, lo que le otorga un alto valor ecológico.
Tren Para Todos cuenta con un sitio en Internet en el que se espera reunir más de un millón de adhesiones, que se presentarían al Congreso Nacional para su tratamiento.
Entre las organizaciones que son parte de esta iniciativa se encuentran: Proyecto Sur, Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria del Mitre, Sarmiento y Belgrano Norte, MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), ATE Rosario, Centros de Estudiantes de Rosario, Comisión Nacional Salvemos al Tren, Revista Industrializar Argentina, y el CTA – Rosario.
Sumate a la campaña: Un Tren para Todos
Un grupo de ciudadanos, fuerzas políticas y organizaciones sociales, muchos de los cuales son técnicos y trabajadores ferroviarios, desarrolló un proyecto alternativo. Se trata de un Tren Para Todos, una iniciativa viable para un sistema ferroviario de alcance nacional, con un costo muy inferior al del tren bala.
Sucede que hace algunas semanas el gobierno nacional anunció la construcción de un tren bala para unir Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. El alto costo de la inversión, calculada en más de 5 mil millones de dólares, desató encendidos debates sobre la necesidad de reconstruir la red ferroviaria, y sobre las prioridades de inversión.
La propuesta de Un Tren para Todos es sencilla: unir las principales ciudades de 14 provincias, en 18 mil kilómetros de vías reconstruidas a nuevo, 7 mil de las cuales estarían destinadas al transporte de pasajeros y carga, y el resto sólo para esta última.
El proyecto, que contempla el impulso del comercio regional y la actividad industrial, planea la construcción de 300 locomotoras, 900 coches de pasajeros y 15.000 vagones para carga, y la reparación del sistema vial completo. De acuerdo al análisis realizado por técnicos ferroviarios, requiere una inversión de 3.100 millones de dólares (1.900 millones menos que el tren bala). Alcanzaría una velocidad máxima de 120 km/h, lo que permitiría unir Córdoba con Buenos Aires en menos de 8 horas, con un pasaje mucho más accesible que el del ómnibus. Otras ventajas indiscutibles, son la distensión del tráfico en las rutas y ahorro en combustibles y mantenimiento vial, lo que le otorga un alto valor ecológico.
Tren Para Todos cuenta con un sitio en Internet en el que se espera reunir más de un millón de adhesiones, que se presentarían al Congreso Nacional para su tratamiento.
Entre las organizaciones que son parte de esta iniciativa se encuentran: Proyecto Sur, Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria del Mitre, Sarmiento y Belgrano Norte, MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), ATE Rosario, Centros de Estudiantes de Rosario, Comisión Nacional Salvemos al Tren, Revista Industrializar Argentina, y el CTA – Rosario.
Sumate a la campaña: Un Tren para Todos
martes, 27 de mayo de 2008
POR FIN, MENÉNDEZ
La crónica dirá que por fin sucedió. Que por fin Luciano Benjamín Menéndez será sometido a un juicio oral y público por las instituciones de la democracia, por la Justicia que tanto camino recorrió sin animarse hasta hoy a cerrar estas heridas profundas. Que por fin la historia tendrá un día, este 27 de mayo de 2008, a 25 años del regreso de la democracia después de la noche dictatorial y del Terrorismo de Estado, para relatar el inicio del primer juicio contra un símbolo de las violaciones a los derechos humanos. Sí, porque Menéndez es un ícono de la aplicación de un plan sistemático de exterminio de compatriotas que sufrió nuestra Argentina. Lamentablemente, y es necesario decirlo, pasaron más de 25 años sin justicia y con impunidad. Y el proceso que ahora comienza, lo hace sin todos los referentes del Terrorismo de Estado.
Quiso ¿arbitrariamente? la Justicia que fueran Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Hilda Flora Palacios y Carlos Enrique Lajas las víctimas que lo llevarán desde hoy ante los jueces de la Constitución. Quiso que sean los primeros entre cientos de víctimas en recordarnos la magnitud de los delitos que cometieron Ménendez y las bandas de represores que actuaron desde 1975 en Córdoba, aunque haya otras causas en condiciones de llevar ante los Tribunales a este genocida; por ejemplo la que la denominada causa Menéndez, que incluye 300 casos, y por la cual fue indultado en 1989. Quiso que sean estas cuatro víctimas las primeros en mostrarnos durante un juicio en Córdoba los métodos que las Fuerzas Armadas y sus complices cíviles pusieron en marcha desde el Estado para secuestrar, torturar y asesinar a otros argentinos.
No se trata de un episodio escaso este juicio; se abre un tiempo de la Justicia como protagonista; de un tiempo en el que la Justicia deberá saldar su deuda de justicia con los cordobeses. Si bien parece obvio, es la Justicia la que debe sancionar a los autores de delitos, para cerrar las heridas, para que haya verdad y justicia. Habrá que esperar para observar si está a la altura del desafío, sobre todo teniendo en cuenta que el camarista y ex secretario penal del Juzgado Federal nº 1 durante la dictadura, Carlos Otero Alvarez, logró superar la impugnación judicial para ser sustituido como integrante del Tribunal Oral Federal 1 que será el encargado del juzgamiento. Cabe destacar que aún resta el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura sobre su actuación durante la dictadura.
Por fin, Menéndez. Sus cuatro años como jefe del III Cuerpo de Ejército, entre septiembre de 1975 y septiembre de 1979 tienen la impronta del espanto; del horror de decenas de familias que empezaron a peregrinar tratando de hallar a los suyos en algún lugar. Fueron cuatro años de sangre y casi 30 más de impunidad, de factores de poder que protegieron a Menéndez.
Su feroz antiperonismo y anticomunismo; su desprecio por el otro; la violencia contra la diferencia; y su cruzada por la “seguridad nacional” lo meten sin escalas en la galería de los monstruos de la terrible historia de la humanidad.
Pero más allá de todas las valoraciones sobre Menéndez, la Justicia está frente a su hora; ante la mirada de los que no tienen voz, ni poder, más que su palabra, su voluntad y sus derechos. La sociedad necesita que sus instituciones funcionen sin limitaciones, con independencia, que puedan cumplir su rol dentro del sistema republicano. Eso, y la demanda de que la lentitud existente hasta el presente, no se convierta en más impunidad.
También es cierto que no alcanza con este único juicio: La lista de casos de violaciones a los derechos humanos es enorme y todos reclaman justicia. También es cierto que no alcanza con este único juicio: No sólo los militares y policías de la D-2 (División de Inteligencia de la Policía) son responsables, hay cíviles y hasta funcionarios judiciales que deberían ser investigados.
En Argentina, después del juicio a las juntas Militares, es claro que la represión ilegal formó parte de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sirvió para imponer las bases del sistema de acumulación financiera que produjo cientos de miles de excluídos y se quebró con la crisis de la Convertibilidad de 2001/2002.
Como Videla, como Massera, como Etchecolatz; ahora, por fin, es el turno de Menéndez. Esperemos que no sea esta la única instancia de revelar el genocidio en Córdoba.
Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba
Quiso ¿arbitrariamente? la Justicia que fueran Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Hilda Flora Palacios y Carlos Enrique Lajas las víctimas que lo llevarán desde hoy ante los jueces de la Constitución. Quiso que sean los primeros entre cientos de víctimas en recordarnos la magnitud de los delitos que cometieron Ménendez y las bandas de represores que actuaron desde 1975 en Córdoba, aunque haya otras causas en condiciones de llevar ante los Tribunales a este genocida; por ejemplo la que la denominada causa Menéndez, que incluye 300 casos, y por la cual fue indultado en 1989. Quiso que sean estas cuatro víctimas las primeros en mostrarnos durante un juicio en Córdoba los métodos que las Fuerzas Armadas y sus complices cíviles pusieron en marcha desde el Estado para secuestrar, torturar y asesinar a otros argentinos.
No se trata de un episodio escaso este juicio; se abre un tiempo de la Justicia como protagonista; de un tiempo en el que la Justicia deberá saldar su deuda de justicia con los cordobeses. Si bien parece obvio, es la Justicia la que debe sancionar a los autores de delitos, para cerrar las heridas, para que haya verdad y justicia. Habrá que esperar para observar si está a la altura del desafío, sobre todo teniendo en cuenta que el camarista y ex secretario penal del Juzgado Federal nº 1 durante la dictadura, Carlos Otero Alvarez, logró superar la impugnación judicial para ser sustituido como integrante del Tribunal Oral Federal 1 que será el encargado del juzgamiento. Cabe destacar que aún resta el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura sobre su actuación durante la dictadura.
Por fin, Menéndez. Sus cuatro años como jefe del III Cuerpo de Ejército, entre septiembre de 1975 y septiembre de 1979 tienen la impronta del espanto; del horror de decenas de familias que empezaron a peregrinar tratando de hallar a los suyos en algún lugar. Fueron cuatro años de sangre y casi 30 más de impunidad, de factores de poder que protegieron a Menéndez.
Su feroz antiperonismo y anticomunismo; su desprecio por el otro; la violencia contra la diferencia; y su cruzada por la “seguridad nacional” lo meten sin escalas en la galería de los monstruos de la terrible historia de la humanidad.
Pero más allá de todas las valoraciones sobre Menéndez, la Justicia está frente a su hora; ante la mirada de los que no tienen voz, ni poder, más que su palabra, su voluntad y sus derechos. La sociedad necesita que sus instituciones funcionen sin limitaciones, con independencia, que puedan cumplir su rol dentro del sistema republicano. Eso, y la demanda de que la lentitud existente hasta el presente, no se convierta en más impunidad.
También es cierto que no alcanza con este único juicio: La lista de casos de violaciones a los derechos humanos es enorme y todos reclaman justicia. También es cierto que no alcanza con este único juicio: No sólo los militares y policías de la D-2 (División de Inteligencia de la Policía) son responsables, hay cíviles y hasta funcionarios judiciales que deberían ser investigados.
En Argentina, después del juicio a las juntas Militares, es claro que la represión ilegal formó parte de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos y sirvió para imponer las bases del sistema de acumulación financiera que produjo cientos de miles de excluídos y se quebró con la crisis de la Convertibilidad de 2001/2002.
Como Videla, como Massera, como Etchecolatz; ahora, por fin, es el turno de Menéndez. Esperemos que no sea esta la única instancia de revelar el genocidio en Córdoba.
Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba
LOS CORDOBESES ELABORAMOS UN SERVICIO PÚBLICO A MEDIDA
Por primera vez los habitantes de esta ciudad tendremos un servicio público que fue hecho a la medida de todos.
Los habitantes de nuestra ciudad podrán decir que sus demandas, propuestas y sugerencias fueron escuchadas por el poder político e incorporadas al instrumento que es el pliego de Licitación Pública Nacional e Internacional del Servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Córdoba.
Más de treinta organizaciones de la sociedad civil y especialistas opinaron sobre este documento durante las deliberaciones de la Comisión Especial que se creó en el Concejo Deliberante con la concurrencia de todos los bloques políticos. Setenta y un personas en su nombre o en el de instituciones se expresaron en la Audiencia Pública del pasado 17 de abril. Se escucharon en todo el proceso -primera y segunda lectura- más de 150 proposiciones y se incorporaron un tercio, muchas de ellas de enorme impacto en la prestación del servicio o en la disposición final de residuos. Ejemplo 1: a pedido de la comuna de Bouwer y de organizaciones ambientalistas como la FUNAM, se dispuso la eliminación del horno pirolítico que funcionaba en esa localidad a partir del primer minuto de la nueva concesión. De este modo, no se incinerarán más residuos allí y se utilizarán métodos limpios de tratamiento. Ejemplo 2: los carreros, cartoneros, una serie de ONGs y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) habrá, al menos, ocho (8) centros verdes cuando en el inicio del tratamiento no estaba previsto ninguno. En esos centros verdes se realizará el procesamiento de los residuos secos que previamente separaron los vecinos en sus casas, agregándole valor económico y formalidad a esta actividad. Ejemplo 3: A demanda de la UNC y organizaciones de consumidores se le otorgó a la evaluación técnica un rol decisivo en la adjudicación del nuevo servicio, incluso por sobre la oferta económica. Semejante paso obliga a los oferentes a privilegiar los factores que incidirán en el servicio que se prestará, un componente que beneficiará al conjunto de los cordobeses.
Participación ciudadana y discusión política y técnica sin ningún corset representan la decisión política de esta gestión frente a un proceso tan significativo como el de la prestación de un servicio público que implica el contrato más oneroso que debe afrontar la Municipalidad de Córdoba.
Audacia política y técnica muestran la actitud que se tuvo para elaborar un pliego que permite a Córdoba estar a la altura de un mundo que lucha contra el calentamiento global; de un país que grita por profundizar las políticas de inclusión social; y de una sociedad local que reclama desde hace mucho por un mejor servicio. Las herramientas que pusimos a andar se encuentran reunidas en una sola formula: Recolección diferenciada de residuos+compromiso de los cordobeses=menos toneladas que se entierran en Bouwer=menos contaminación ambiental=más trabajo y formalización de los trabajadores informales del sector=inclusión social. Se suman con esta ecuación a nuestra terminología cotidiana palabras como contenedores, centros verdes, residuos secos o residuos húmedos. Se trata de un aporte sustancial de conciencia ambiental, social y económica.
A su vez, con la resolución de dividir a la ciudad en dos zonas, Norte y Sur, por primera vez habrá dos prestatarias; un desafío que permite introducir la competencia entre concesionarios para elevar la calidad del servicio y disminuir los costos de operación.
Con estas políticas, que ponen en vigencia derechos, evolucionará nuestra calidad de vida, porque el gran problema de las urbes es el incremento constante y desordenado en la generación de residuos y su deficitaria gestión. Con este pliego ponemos freno a esa lógica destructiva y nos planteamos adicionar compromisos y conciencia para que todos estemos mejor y optimicemos el uso de nuestros recursos.
También pudimos demostrar que la transparencia y la participación son instrumentos de cambio cuando forman parte de construcciones políticas y económicas transformadoras. El perfeccionamiento del concepto y la sustancia que guió a este proceso se produjo como una cascada natural de la participación que los cordobeses tuvieron aquí. Por eso, en este tema, el futuro es una construcción en común.
Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba
Los habitantes de nuestra ciudad podrán decir que sus demandas, propuestas y sugerencias fueron escuchadas por el poder político e incorporadas al instrumento que es el pliego de Licitación Pública Nacional e Internacional del Servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Córdoba.
Más de treinta organizaciones de la sociedad civil y especialistas opinaron sobre este documento durante las deliberaciones de la Comisión Especial que se creó en el Concejo Deliberante con la concurrencia de todos los bloques políticos. Setenta y un personas en su nombre o en el de instituciones se expresaron en la Audiencia Pública del pasado 17 de abril. Se escucharon en todo el proceso -primera y segunda lectura- más de 150 proposiciones y se incorporaron un tercio, muchas de ellas de enorme impacto en la prestación del servicio o en la disposición final de residuos. Ejemplo 1: a pedido de la comuna de Bouwer y de organizaciones ambientalistas como la FUNAM, se dispuso la eliminación del horno pirolítico que funcionaba en esa localidad a partir del primer minuto de la nueva concesión. De este modo, no se incinerarán más residuos allí y se utilizarán métodos limpios de tratamiento. Ejemplo 2: los carreros, cartoneros, una serie de ONGs y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) habrá, al menos, ocho (8) centros verdes cuando en el inicio del tratamiento no estaba previsto ninguno. En esos centros verdes se realizará el procesamiento de los residuos secos que previamente separaron los vecinos en sus casas, agregándole valor económico y formalidad a esta actividad. Ejemplo 3: A demanda de la UNC y organizaciones de consumidores se le otorgó a la evaluación técnica un rol decisivo en la adjudicación del nuevo servicio, incluso por sobre la oferta económica. Semejante paso obliga a los oferentes a privilegiar los factores que incidirán en el servicio que se prestará, un componente que beneficiará al conjunto de los cordobeses.
Participación ciudadana y discusión política y técnica sin ningún corset representan la decisión política de esta gestión frente a un proceso tan significativo como el de la prestación de un servicio público que implica el contrato más oneroso que debe afrontar la Municipalidad de Córdoba.
Audacia política y técnica muestran la actitud que se tuvo para elaborar un pliego que permite a Córdoba estar a la altura de un mundo que lucha contra el calentamiento global; de un país que grita por profundizar las políticas de inclusión social; y de una sociedad local que reclama desde hace mucho por un mejor servicio. Las herramientas que pusimos a andar se encuentran reunidas en una sola formula: Recolección diferenciada de residuos+compromiso de los cordobeses=menos toneladas que se entierran en Bouwer=menos contaminación ambiental=más trabajo y formalización de los trabajadores informales del sector=inclusión social. Se suman con esta ecuación a nuestra terminología cotidiana palabras como contenedores, centros verdes, residuos secos o residuos húmedos. Se trata de un aporte sustancial de conciencia ambiental, social y económica.
A su vez, con la resolución de dividir a la ciudad en dos zonas, Norte y Sur, por primera vez habrá dos prestatarias; un desafío que permite introducir la competencia entre concesionarios para elevar la calidad del servicio y disminuir los costos de operación.
Con estas políticas, que ponen en vigencia derechos, evolucionará nuestra calidad de vida, porque el gran problema de las urbes es el incremento constante y desordenado en la generación de residuos y su deficitaria gestión. Con este pliego ponemos freno a esa lógica destructiva y nos planteamos adicionar compromisos y conciencia para que todos estemos mejor y optimicemos el uso de nuestros recursos.
También pudimos demostrar que la transparencia y la participación son instrumentos de cambio cuando forman parte de construcciones políticas y económicas transformadoras. El perfeccionamiento del concepto y la sustancia que guió a este proceso se produjo como una cascada natural de la participación que los cordobeses tuvieron aquí. Por eso, en este tema, el futuro es una construcción en común.
Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba
LOS CONSENSOS SE CONSTRUYEN CON ESFUERZO Y PERSEVERANCIA
La palabra consenso suele estar en boca de buena parte de la sociedad como deseo, pero de una minoría cuando se trata de darle sustancia y trascendencia. El caso de la aprobación del pliego de licitación nacional e internacional del servicio de higiene urbana de la ciudad de Córdoba el pasado viernes 16 de mayo es un fuerte ejemplo de la segunda aseveración. Después de ocho meses de trabajo, debate, participación ciudadana y voluntad de transformación el pliego fue aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad, conteniendo el corazón del plan estratégico de esta gestión respecto al tipo de servicio público a diseñar, pero fundamentalmente introduciendo el punto de vista y buena parte de los intereses y sugerencias que manifestaron las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos y los especialistas. Se trata de un documento audaz porque cambia la matriz sobre la que se desplegará el nuevo servicio, pero que tiene un enorme caudal de aporte social, que perfeccionó la herramienta inicial y optimizó sus alcances hasta el punto de poder asegurar que el nuevo servicio está hecho a medida de los cordobeses.
El consenso es un objetivo de la acción política. Permite dar paso a la construcción común, a la idea de que hay un camino que se puede hacer entre todos, de que es posible llegar a un destino determinado con el esfuerzo del conjunto. El consenso es el presupuesto básico de una política pública, es decir que tenga alcance universal, y que pueda cambiar una realidad injusta. Y el punto de partida de esta iniciativa partió del relevamiento evidente de la injusticia existente, al menos, en tres planos: un servicio que no era igual para todos los habitantes de la ciudad ni en cantidad ni en calidad; un nivel de impacto ambiental altísimo por la desorbitante cantidad de toneladas de residuos y escombros que se entierran en Bouwer; y recolectores informales que intentan obtener residuos secos para reutilizar en un sistema que no los contempla y los utiliza.
Desde ese lugar partió la búsqueda alrededor de definiciones centrales. Competencia, generando dos zonas para operadores diferentes, para elevar la calidad y cantidad de servicio optimizando, a su vez, los costos de la actividad. Menor impacto ambiental a través de la recolección diferenciada en origen de residuos secos y húmedos e inclusión social, donde los vecinos se convertirán en protagonistas sustanciales de la lucha por mejorar el ambiente, reduciendo el tonelaje a enterrar en la disposición final –una solución económica y ambiental- y permitiendo procesar vidrios, papeles, cartones y plásticos en centros verdes que contendrán la tarea más importante y redituable del esquema y donde convergerán organizados en empresas sociales –cooperativas u ONGs- los cartoneros y carreros. Transparencia, por medio de un pacto de integridad contra la corrupción y un sistema de evaluación técnica y económica de los oferentes que objetiviza las ofertas, promoviendo además una elevación de la calidad y diversidad de las propuestas empresarias. Derechos, un modelo que contemplara la promoción y vigencia de los derechos ambientales de los cordobeses y laborales de todos los trabajadores que intervienen en este negocio.
Aunque semejante planteamiento tiene otro componente central: la participación. No existe en la historia de Córdoba una norma que haya contado con semejante protagonismo ciudadano para su aprobación. Durante cinco meses fueron escuchadas más de 150 sugerencias de ONGs, universidades y ciudadanos, y más de medio centenar de ellas ingresaron en la redacción del pliego. Podemos afirmar que este pliego es un producto genuino de los cordobeses y un ejemplo de cómo deben elaborarse actos políticos y técnicos que incidirán en la vida de todos hasta 2016.
Consensuar requiere tiempo, seriedad y perseverancia. Este pliego es fruto de una construcción que durmió las urgencias y se propuso escuchar y debatir hasta alcanzar puntos de contacto. Podemos asegurar que lo hemos logrado. Para nosotros, este modelo de trabajo y construcción política es un ejemplo de lo que debemos hacer.
Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba
El consenso es un objetivo de la acción política. Permite dar paso a la construcción común, a la idea de que hay un camino que se puede hacer entre todos, de que es posible llegar a un destino determinado con el esfuerzo del conjunto. El consenso es el presupuesto básico de una política pública, es decir que tenga alcance universal, y que pueda cambiar una realidad injusta. Y el punto de partida de esta iniciativa partió del relevamiento evidente de la injusticia existente, al menos, en tres planos: un servicio que no era igual para todos los habitantes de la ciudad ni en cantidad ni en calidad; un nivel de impacto ambiental altísimo por la desorbitante cantidad de toneladas de residuos y escombros que se entierran en Bouwer; y recolectores informales que intentan obtener residuos secos para reutilizar en un sistema que no los contempla y los utiliza.
Desde ese lugar partió la búsqueda alrededor de definiciones centrales. Competencia, generando dos zonas para operadores diferentes, para elevar la calidad y cantidad de servicio optimizando, a su vez, los costos de la actividad. Menor impacto ambiental a través de la recolección diferenciada en origen de residuos secos y húmedos e inclusión social, donde los vecinos se convertirán en protagonistas sustanciales de la lucha por mejorar el ambiente, reduciendo el tonelaje a enterrar en la disposición final –una solución económica y ambiental- y permitiendo procesar vidrios, papeles, cartones y plásticos en centros verdes que contendrán la tarea más importante y redituable del esquema y donde convergerán organizados en empresas sociales –cooperativas u ONGs- los cartoneros y carreros. Transparencia, por medio de un pacto de integridad contra la corrupción y un sistema de evaluación técnica y económica de los oferentes que objetiviza las ofertas, promoviendo además una elevación de la calidad y diversidad de las propuestas empresarias. Derechos, un modelo que contemplara la promoción y vigencia de los derechos ambientales de los cordobeses y laborales de todos los trabajadores que intervienen en este negocio.
Aunque semejante planteamiento tiene otro componente central: la participación. No existe en la historia de Córdoba una norma que haya contado con semejante protagonismo ciudadano para su aprobación. Durante cinco meses fueron escuchadas más de 150 sugerencias de ONGs, universidades y ciudadanos, y más de medio centenar de ellas ingresaron en la redacción del pliego. Podemos afirmar que este pliego es un producto genuino de los cordobeses y un ejemplo de cómo deben elaborarse actos políticos y técnicos que incidirán en la vida de todos hasta 2016.
Consensuar requiere tiempo, seriedad y perseverancia. Este pliego es fruto de una construcción que durmió las urgencias y se propuso escuchar y debatir hasta alcanzar puntos de contacto. Podemos asegurar que lo hemos logrado. Para nosotros, este modelo de trabajo y construcción política es un ejemplo de lo que debemos hacer.
Carlos Vicente
Viceintendente de la ciudad de Córdoba
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