Carlos Vicente
Viceintendente de Córdoba
La ley que pomposamente Juan Schiaretti denomina de “Emergencia Provisional y Programa de Saneamiento Económico y Financiero de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”, no es otra cosa que el regreso de las políticas de ajuste sobre los trabajadores, jubilados y pensionados que tantas veces ejercieron su jefe político, José Manuel de De la Sota, y Carlos Menem.
Schiaretti se disfraza de progresista y se pone piel de cordero, pero es un peronista neoliberal y un lobo que se tira encima de los sectores populares. Dice en los fundamentos de la norma que esta tarde aprobó la Legislatura que se aplican criterios de “solidaridad y equidad”, pero es una gran mentira. La realidad es que declara la emergencia y mete la mano en los bolsillos a los propios empleados activos para no hacerlo con aquellos sectores de mayores recursos económicos, a quienes beneficia de manera permanente. Miente porque la solidaridad no debe ser sólo de carácter sectorial, sino que requiere solidaridad del conjunto social. La razón es simple: El sistema jubilatorio se asienta en la segunda de las opciones, tanto para los estatales, como para los privados, porque el sistema se sostiene en base al aporte de los activos y el presupuesto público.
Además, la realidad es que la grave situación de la Caja es un producto histórico del achique del Estado en los 90’, una política de la cual son responsables Ramón Mestre, el propio De la Sota y Schiaretti; de la precarización laboral (sumas no remunerativas, contratados, pasantes, etc.) que todos ellos promovieron en la administración del gobierno; y de la disminución de los ingresos públicos como consecuencia de la reducción de la carga impositiva sobre los grupos sociales con mayor capacidad económica.
Finalmente, el resultado ha sido una jornada en la que los cordobeses debimos asistir a la represión por parte del Estado para conseguir la aprobación de una norma que claramente cercena derechos de miles de trabajadores estatales. Repudiamos la acción estatal, y reclamamos políticas en favor de la inclusión y la justicia social; dos objetivos que Schiaretti no ha tenido en cuenta en esta oportunidad.
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