EL FRAUDE ES UN INSTRUMENTO PARA PRESERVAR PRIVILEGIOS

Carlos Vicente
Viceintendente de Córdoba

El fraude ejecutado por José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti el 2 de septiembre de 2007 fue un instrumento de sectores que quisieron preservar sus privilegios y continuar imponiendo políticas contrarias a los intereses de la gente. Su ejecución hundió al gobierno de Schiaretti en la ilegitimidad, y a sus políticas las impregna cada día de mayor ilegitimidad. Todo gobierno que en algún momento vulneró la voluntad popular gestionó para los grupos de poder concentrado y para privilegios sectoriales o personales y en perjuicio de la mayoría del pueblo. Y eso es lo que está sucediendo en Córdoba. La historia argentina recuerda –distintas situaciones y experiencias- como el golpe que derrocó a Hipólito Irigoyen en 1930 y puso en marcha la década infame que después abrió paso al nacimiento del peronismo como respuesta a semejantes atropellos. O los golpes oligárquicos de 1955, 1963 o 1966 que arrojaron más oprobio, persecución y desnacionalización de la economía, además de avances contra los derechos y conquistas populares. Es el precio indudable de la ilegitimidad y de la preservación del poder a cualquier costo.

La pregunta, un año después, no es si hubo fraude. Todos sabemos que lo hubo porque existen sobrados elementos que comprueban esta mancha en la historia política de la provincia. La pregunta de hoy es ¿cómo se puede evitar un nuevo fraude en el futuro?

Las gigantescas y pacíficas marchas de septiembre del año pasado fueron verdaderas expresiones del duelo y conciencia popular sobre la ilegitimidad del proceso político que se abrió en Córdoba y marcaron un antes y un después que incidirá sobre el curso de la historia futura de Córdoba y el país. Esa es una primera respuesta: la sociedad está dispuesta a enfrentar actos políticos que vulneren sus derechos.

Pero también es cierto, que a partir de esa fecha no existen garantías plenas de libre expresión y decisión de la ciudadanía, una situación que condiciona las bases del sistema democrático, porque el Estado se encuentra sospechado en su comportamiento y deja de ser el garante natural de la puja de las expresiones políticas, sociales y económicas. Ahí radica un segundo desafío: recuperar el valor del Estado como garante de derechos.

Así se vuelve necesario apelar a que los actores de la sociedad civil y política desarrollen formas más organizadas de defensa de la voluntad de todos. Implica la necesidad de elaborar un salto cualitativo en la organización política y social, capaz de enfrentar con éxito estas practicas nocivas, permitiendo a los sectores populares acceder al poder. Esto es, no se trata sólo de un problema de candidatos, requiere de una fuerte voluntad y organización política, social y cultural para comprender que el inicio de los cambios y transformaciones profundas que desarmen al sistema de privilegios es garantizar procesos electorales limpios con instancias de control popular.

A su vez, el fraude -que permitió la victoria de Schiaretti y De la Sota en esa fatídica jornada del 2 de septiembre- no sólo restó legitimidad al gobernante, también sembró un manto de oscuridad sobre el conjunto de las fuerzas políticas que le dan sustento al sistema democrático al ser incapaces de impedirlo. Dicho de otro modo: pese a ser víctimas junto al pueblo cordobés del accionar fraudulento, la persistencia en el tiempo de la situación cuestionada y motivadora de la tergiversación de la decisión popular sumó a los que no pudieron evitar la consumación de lo no querido a la deslegitimación del victimario. La gravedad de lo ocurrido hace un año atrás está justamente en esos factores.

En síntesis: Hubo fraude; el gobierno es ilegítimo; y las condiciones para alterar la decisión de la sociedad están dentro de las reglas del propio sistema que integramos todos. Es a partir de este razonamiento que se vuelve ineludible una reforma política seria, profunda y consensuada para replantear los componentes que permiten las acciones políticas como las que vivimos hace un año. La batería de propuestas en ese sentido debe partir de eliminar las sumatorias que debilitan a los partidos políticos y permiten burlar la opción ciudadana; evaluar nuevos mecanismos de selección que incrementen la fortaleza y representación de los candidatos electos; adicionar y optimizar los instrumentos de democracia semi-directa que promueven y permiten la participación popular; y reformar la Constitución.

Todavía nos queda mucho camino por hacer. Las secuelas de la ilegitimidad llenan y llenarán de dolores a los cordobeses, y la lucha contra ellas será parte del recorrido de las fuerzas populares y democráticas en los próximos años. Y será fundamental no perder de vista que recuperar la legitimidad de las instituciones pasa por eliminar la enorme brecha abierta por el fraude y las políticas antipopulares previas al 2 de septiembre y posteriores a ese momento.

Publicado en el diario Hoy día Córdoba el 02/09/2008.